El Ministerio Público, bajo la presidencia de Tomás Gálvez, oficializó la desactivación de fiscalías y unidades médico-legales estratégicas en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. La medida, publicada este 6 de febrero, deja en la vulnerabilidad a cientos de víctimas en una zona donde se han registrado alrededor de 800 casos de abuso sexual contra menores, muchos de ellos presuntamente cometidos por docentes.
La Junta de Fiscales Supremos dejó sin efecto la prórroga de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Río Santiago-Yutupis y de Huampami-Cenepa. Asimismo, se desactivaron las Unidades Médico Legales en Nieva, Yutupis y Huampami, encargados de la recolección de pruebas biológicas y psicológicas en casos de violación.
El argumento del Ministerio sostiene que estas unidades venció el 31 de diciembre de 2025 y, según el documento, “al no haberse habilitado el presupuesto para su continuación”, no se puede proseguir con su funcionamiento.
“Un abandono que favorece la impunidad”
Líderes indígenas se han pronunciado alarmados e indignados ante la decisión de la institución. Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, denunció en diálogo con La República que esta decisión representa un desmantelamiento arbitrario de un sistema que apenas tenía un año de implementación.
“Han despedido a 26 trabajadores CAS que estaban enfocados en agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes awajún y wampis. Es incomprensible que, teniendo las sedes equipadas, el sistema sea desarticulado por falta de presupuesto. La dignidad de nuestras niñas no puede depender de un recorte”, enfatizó Pioc, haciendo un llamado urgente al Ministerio de Economía y a la Mujer.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) calificó la medida de “inaceptable” y “profundiza la exclusión histórica”. “Desactivar estas fiscalías deja sin protección a niñas indígenas y favorece la impunidad en un territorio con altísimos índices de violencia”, señalaron en un pronunciamiento.
Congresistas solicitan acciones del Gobierno de José Jerí
La congresista Flor Pablo denunció una contradicción en la comunicación del Ministerio Público. Según la parlamentaria, mientras el jueves la institución emitía comunicados asegurando la continuidad del servicio, se publicaba la resolución que eliminaba las plazas. “Esto no es reorganización: es abandono e impunidad”, sentenció Pablo, quien solicitó al presidente interino, José Jerí, convocar de urgencia al Consejo de Estado.
En la misma línea, la legisladora Ruth Luque envió un oficio exigiendo los criterios técnicos de esta desactivación, advirtiendo que “la falta de acceso a la justicia de las víctimas” será la consecuencia directa de concentrar todos los casos en una sola sede provincial. Esto obligaría a familias de escasos recursos a viajar días por río para buscar justicia.
La respuesta de la Fiscalía
Ante la ola de críticas, la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Violencia emitió un comunicado firmado por la fiscal Azucena Solari Escobedo. En el texto, aseguran que la atención “está garantizada” y que se vela por la continuidad de las diligencias forenses en Nieva, Río Santiago y Huampami.
En la publicación no se detalla cómo se cubrirá el vacío dejado por los más de veinte profesionales despedidos ni cómo una sola fiscalía provincial podrá absorber la carga procesal de toda la provincia. Sin embargo, reafirma su compromiso “incluso en medio de desafíos como la falta de recursos”, asegurando además que se está velando por el trabajo de las Unidades Médico-Legales para aportar “prueba técnica y científica” a las investigaciones.
Unidades del Poder Judicial en Amazonas, por su partes, asevera que “los jueces penales del módulo de sanción y el personal judicial asignado, continúan con el servicio de brindar justicia a las mujeres e integrantes del grupo familiar, tal es así que, para el presente mes, tienen programado 33 audiencias”.
A pesar de estas garantías institucionales, el panorama en la provincia de Condorcanqui sigue siendo de incertidumbre. El destino de los más de 500 casos de abuso sexual registrados en la zona depende ahora del accionar político.
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