En los últimos 15 años, se han reportado más de 600 casos de abuso sexual contra niñas y adolescentes en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, advirtió la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis (COMUAWUY), Rosemary Pioc. Estos ataques, que han involucrado a docentes, policías y mineros ilegales, han ocurrido dentro de instituciones educativas, incluidas residencias estudiantiles donde los menores se alojan durante la semana.
Ante esta grave situación, Luis Pedernera, vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, cuestionó la inacción del Estado peruano frente a la violencia sexual a la que están expuestas las menores en esta región. Durante la 98ª sesión del Comité, celebrada el 20 de enero, Pedernera relató que pudo dialogar con la líder del COMUAWUY, quien le expuso el caso Condorcanqui.
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Mientras expertos del Comité alertaron que Perú es el país sudamericano con mayor prevalencia de violencia sexual, la ministra Hernández destacó el compromiso del Gobierno para erradicar todas las formas de violencia contra la niñez y adolescencia. Sin embargo, subrayó que desde 2012 existe un Centro de Emergencia (CEM), que ha atendido más de 490 casos.
Aumento de agresiones sexuales y falta de respuesta
La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis (COMUAWUY), Rosemary Pioc, informó que el número de agresiones sexuales contra menores en su comunidad ha superado los 600 casos desde 2010. Además, denunció la falta de capacidad del gobierno de Dina Boluarte para abordar esta problemática, así como la ausencia de recursos necesarios para una intervención integral.
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En su denuncia, la presidenta de COMUAWUY relató que recientemente solicitó el apoyo del Centro de Emergencia (CEM) de Nieva para intervenir en una comunidad donde una niña había sido violada. Sin embargo, los funcionarios le respondieron que no contaban con los fondos para cubrir el costo del combustible necesario para llegar al lugar, indicando que, si el combustible era pagado por la comunidad, acudirían al llamado. “Nosotros no podemos ni debemos pagar el combustible, eso le corresponde al Estado”, subrayó Pioc.
Finalmente, agradeció al doctor Pedernera por el interés mostrado por la comunidad internacional y destacó la preocupación de las Naciones Unidas ante la grave situación de violencia que enfrentan las niñas y adolescentes en las comunidades Awajún y Wampis.
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Acceso limitado a cámara Gesell agrava situación
Una integrante del comité directivo del COMUAWUY denunció que, a pesar de contar con una cámara Gesell en Nieva, las víctimas enfrentan enormes dificultades para acceder a ella debido a la falta de recursos.
“Las madres llegan con sus hijas a denunciar y no tienen dónde alojarse. Es tan difícil hacerlo que muchas abandonan sus casos”, explicó, resaltando la frustración que experimentan las familias al intentar buscar justicia. Además, señaló que el juez de la provincia con frecuencia reprograma las actividades de la cámara Gesell, lo que causa retrasos significativos y agrava la angustia de las víctimas y sus familias.
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La cámara Gesell, un espacio diseñado para la evaluación de abusos sexuales y maltratos, permite observar la interacción de la víctima con un psicólogo o psiquiatra a través de un espejo unidireccional, en un entorno relajado y natural. Sin embargo, las dificultades logísticas y la falta de apoyo institucional hacen que este mecanismo de protección sea, en muchos casos, insuficiente para garantizar justicia.
Canales de atención
Estos son los canales de ayuda para denunciar casos de violencia contra la mujer:
- Línea 100: Es una línea gratuita y confidencial que ofrece orientación y asistencia en situaciones de violencia de género. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Website: www.mimp.gob.pe
- Policía Nacional del Perú (PNP): Puedes acudir a la comisaría más cercana o comunicarte al 105.
- Fiscalía de la Nación: Puedes presentar tu denuncia de violencia contra la mujer ante la Fiscalía.
- Centros de Emergencia Mujer (CEM): Estos centros proporcionan atención integral y especializada a mujeres víctimas de violencia. Están ubicados en diversas regiones del país y ofrecen servicios como asistencia legal, psicológica y social.
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