A la una de la madrugada del martes 3 de febrero, dos locales del centro comercial El Progreso, en la avenida Argentina, fueron atacados con bombas molotov. El incendio generado por el atentado movilizó a cinco unidades de bomberos, quienes lucharon durante horas para contener las llamas. Los responsables, según los propios trabajadores, serían cobradores de cupos que desde hace más de un año mantienen amenazados a los comerciantes de la zona.
El fuego consumió por completo los productos deportivos almacenados, como pesas, steps y bicicletas, dejando a su paso no solo pérdidas materiales, sino una sensación de desamparo y miedo entre quienes subsistían gracias a estos puestos. Las víctimas, visiblemente afectadas, denunciaron sentirse abandonadas por las autoridades y señalaron que la extorsión se ha vuelto insostenible.
“Ya hace más de un año que nos vienen extorsionando a todos los compañeros que trabajan acá”, relató una comerciante a ATV Noticias.
El ataque devastó no solo los negocios, sino la confianza de los trabajadores en una pronta solución. “Estamos indignados porque es demasiada extorsión, demasiado”, expresó otro comerciante afectado. El siniestro dejó secuelas profundas, no solo económicas, sino también emocionales, que hoy mantienen a la comunidad sumida en la preocupación.
Extorsionadores exigen hasta 15.000 soles a comerciantes de Las Malvinas
Los comerciantes de Las Malvinas denunciaron que las amenazas y exigencias de pago se han mantenido durante más de un año. Los montos solicitados por los extorsionadores oscilan entre 5.000 y 15.000 soles, cifras imposibles de afrontar para quienes dependen de las ventas diarias. “Piden 5.000, 15.000 soles. Y no es justo porque acá nadie tiene dinero para pagar esa cantidad”, explicó una de las víctimas a ATV Noticias.
Las consecuencias materiales del ataque han sido devastadoras: la pérdida total de mercadería, herramientas y mobiliario, elementos esenciales para la subsistencia de decenas de familias. Sin embargo, el golpe más duro ha sido emocional. La incertidumbre y el temor se han instalado entre los comerciantes, quienes ahora dudan de la capacidad de las autoridades para protegerlos. “El fuego no solo consumió los productos, también acabó con algo mucho más importante: la esperanza de estos comerciantes, quienes han dejado de creer”, señaló la periodista de ATV Noticias.
El clima en el centro comercial permanece cargado de angustia. Los trabajadores de los puestos siniestrados describen noches sin dormir y una sensación constante de inseguridad. “Nosotros nos sentimos decepcionados de las autoridades”, reiteró una comerciante, reflejando el sentir generalizado tras el atentado.
Acusan a la policía de Monserrate de cobrar por denuncias
La indignación de los comerciantes no se dirige únicamente a los extorsionadores. Las víctimas han presentado graves denuncias contra la policía de Monserrate. Según sus testimonios, algunos agentes habrían solicitado dinero a cambio de aceptar las denuncias formales.
“Acá la policía de Monserrate son gente que se compra. Y cuando van los compañeros a poner una denuncia, (los policías) quieren cobrarles”, afirmó una víctima ante las cámaras de ATV Noticias.
La falta de respuestas y la percepción de corrupción han incrementado el malestar en la comunidad. Los comerciantes exigen una intervención efectiva y transparente de las autoridades. Tras el ataque, la Dirincri llegó al centro comercial para iniciar las diligencias correspondientes. Sin embargo, la presencia policial no ha logrado disipar el temor ni restaurar la confianza de los afectados.
Mientras tanto, los trabajadores de los locales incendiados enfrentan la incertidumbre diaria: han perdido sus fuentes de ingreso y sienten que la protección estatal es insuficiente. “Las autoridades están pensando en otras cosas y no apoyan”, lamentó otro comerciante. El atentado ha dejado cicatrices profundas, tanto en las personas como en el tejido comercial de El Progreso, consolidando un escenario donde el miedo y la desconfianza prevalecen sobre la seguridad y la justicia.
El ataque con bombas molotov en Las Malvinas expone una problemática que trasciende la pérdida material: la extorsión sistemática, la desprotección y la urgencia de respuestas efectivas ante una comunidad que hoy reclama, con voz quebrada, el derecho a trabajar en paz.
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