Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo

El Ministerio Público denunció el lunes la circulación de un comunicado falso que atribuía una supuesta solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo Rojo, gobernador regional del Callao, cuya prisión preventiva de 24 meses por organización criminal y colusión agravada quedó anulada.

En el documento apócrifo se afirmaba que “la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao habría solicitado al Poder Judicial la variación de las medidas restrictivas vigentes contra” la autoridad “por considerarlas insuficientes, requiriendo su reemplazo por la medida de detención domiciliaria”, versión que la institución negó de manera categórica.

El Distrito Fiscal del Callao subrayó que el comunicado falso utiliza de forma indebida el logo y los colores institucionales del organismo, lo que genera confusión en la ciudadanía. Además, precisó que el texto “no ha sido emitido por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, ni por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, por lo que carece de toda validez y carácter oficial”.

“Las fiscalías competentes continúan desarrollando sus actuaciones con estricta sujeción a la Constitución y a la ley, dentro del marco de sus funciones”, señala la misiva, al advertir que el uso no autorizado de su identidad visual y corporativa constituye un hecho grave que podría derivar en responsabilidad penal.

En ese sentido, el Ministerio Público indicó que adoptará las acciones de oficio que correspondan conforme a la ley, con el fin de identificar a los responsables y prevenir nuevas falsificaciones.

La semana pasada, el Poder Judicial aceptó la apelación del gobernador, levantó su prisión preventiva en el caso ‘Los Socios del Callao’, en el que fue detenido el 12 de enero con ocho personas más. La investigación señala que en 2023 la red habría manejado más de 60 contrataciones públicas por S/1 461 121 e involucrado a 15 funcionarios del Gobierno Regional (GORE) del Callao.

Castillo Rojo llegó al lugar en esta jornada para retomar sus funciones, aunque no pudo ingresar debido a un fuerte despliegue policial y restricciones de seguridad. Su abogado anunció que denunciará a la autoridad que lo reemplazó de manera interina, Edita Vargas, por impedir su retorno “legal”.

Vargas, por su parte, sostuvo que este regreso implica un riesgo para la administración y los registros del gobierno regional, ya que podría perderse información administrativa y judicial de valor. “Dentro del GORE tenemos documentación importante en todas las gerencias, porque existen irregularidades. Si es que regresa, se corre el riesgo de que la información se pierda”, enfatizó.

Medidas

La Justicia reemplazó la prisión preventiva de la autoridad regional por reglas de conducta: permanecer en la provincia constitucional con autorización judicial, presentarse cada mes al registro biométrico para informar actividades, no salir del país, no contactar a otros investigados ni brindar declaraciones a la prensa, bajo riesgo de revocatoria.

Asimismo, levantó la orden de ubicación y captura, lo que permite continuar el trámite bajo esas condiciones.