Ciro Castillo parece estar cada vez más cerca de regresar a su cargo como gobernador regional del Callao, lo que para Edita Vargas, gobernadora interina, es un peligro. En declaraciones a la prensa, la funcionaria aseguró que acatará la decisión que adopte el Consejo Regional sobre el posible retorno del investigado por el caso ‘Los socios del Callao’. Sin embargo, advirtió sobre potenciales riesgos para la integridad documental y administrativa del organismo.
“El acuerdo del Consejo Regional establecía un plazo que ya feneció. Por lo tanto, corresponde que se reúnan de manera urgente y tomen una decisión. Hasta que eso ocurra, seguiré al frente porque el gobierno regional no puede quedar acéfalo”, declaró a Canal N.
Consultada sobre las eventuales consecuencias de un retorno inmediato de Castillo Rojo, Vargas fue enfática en expresar su preocupación. “Claro que cumpliré con la decisión que tome el Consejo Regional, porque existe una responsabilidad penal y jurídica. Pero también hay un riesgo enorme: la documentación puede desaparecer”, alertó.
La gobernadora interina detalló que existen expedientes e investigaciones en curso en distintas gerencias, además de información relevante para procesos administrativos y judiciales. “Dentro del gobierno regional tenemos documentación importante en todas las gerencias, porque existen irregularidades. Si es que regresa, se corre el riesgo de que la información se pierda”, enfatizó Vargas, señalando la gravedad de la situación.
Además, explicó que áreas clave como logística, tesorería, administración y planeamiento estratégico se encuentran limitadas en sus funciones debido a la incertidumbre institucional. Mencionó el caso del funcionario Kenyi Yepes, encargado de coordinar acciones económicas en sectores como salud y educación, y advirtió que la paralización podría afectar la entrega de beneficios económicos dispuestos por el Gobierno nacional. “Hay un bono que debe llegar a los trabajadores y, con esta situación, podría no entregarse a tiempo”, indicó.
La tensión en la sede del Gobierno Regional se incrementó en los últimos días tras la reaparición pública de Ciro Castillo Rojo y la movilización de simpatizantes que intentaron ingresar de manera agresiva al edificio. Vargas relató que, ante el riesgo de incidentes y agresión a los funcionarios, se dispuso el retiro del personal y la adopción del trabajo virtual para preservar su seguridad. “El día de ayer hubo una turba enorme intentando ingresar de forma violenta. Por seguridad, optamos por el trabajo remoto”, señaló.
En este contexto, la gobernadora interina solicitó garantías a la Policía Nacional, subrayando que la situación pone en riesgo tanto la integridad de los servidores públicos como la continuidad de los servicios regionales. “Solicito garantías para todos los trabajadores y que prevalezca el orden institucional”, manifestó.
Por su parte, la defensa de Ciro Castillo, encabezada por el abogado Humberto Abanto, sostiene que, tras la variación de la prisión preventiva por comparecencia con restricciones, no existe impedimento legal para que Castillo vuelva a ejercer como gobernador titular. “Terminada la situación que impedía el ejercicio del cargo, es obligatorio el cese de la suplencia y la asunción por el titular”, explicó el letrado, reiterando que la suplencia de Vargas culmina automáticamente con la presencia de Castillo.
Sin embargo, Vargas afirmó que el retorno de Castillo no es automático y que corresponde al Consejo Regional definir su situación, dada la existencia de investigaciones judiciales. “La decisión debe adoptarse respetando el marco legal y bajo responsabilidad de los consejeros y del JNE”, advirtió. Añadió que cualquier eventual restitución debe garantizar la estabilidad, la transparencia y la seguridad institucional.
Pronunciamiento del JNE
En paralelo a la situación sobre el eventual retorno de Ciro Castillo, el Jurado Nacional de Elecciones, a través del Auto N.º 4, ordenó al Consejo Regional reanudar y concluir el procedimiento de suspensión iniciado contra Vargas, proceso que se encontraba paralizado desde hace varias semanas.
El máximo organismo electoral instruyó a los consejeros a cumplir con las notificaciones y a emitir un acuerdo motivado, bajo apercibimiento de remitir el caso al Ministerio Público si no se acata el mandato.
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