La decisión del Ministerio de la Producción (PRODUCE) de ampliar el proceso de formalización de embarcaciones pesqueras artesanales dedicadas a la extracción de pota y perico hasta julio de 2026 podría poner en jaque al sector artesanal que abastece a los mercados de todo el país, advirtió Piero Rojas, asesor legal de Innovations for Ocean Action y profesor de la Universidad Científica.
En diálogo con Infobae Perú, el especialista señaló que la reciente Resolución Ministerial N° 000019-2026-PRODUCE deja abierta la posibilidad de incorporar naves que no cumplen los requisitos biológicos ni legales exigidos por la normativa vigente.
Ministerio de la Producción amplía formalización de embarcaciones artesanales hasta 2026
Como se recuerda, el Ministerio de la Producción publicó el 29 de enero un proyecto de Decreto Supremo para modificar el Reglamento de la Ley General de Pesca y ampliar el proceso de formalización de embarcaciones artesanales que iniciaron trámite antes de julio de 2023.
Según el documento, esta medida beneficiaría a alrededor de 150 expedientes de embarcaciones pesqueras inscritas bajo el Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE, en el marco de cooperativas pesqueras que buscan permisos para pota y perico.
El procedimiento propuesto consta de dos pasos: una verificación documental para comprobar que las solicitudes cumplen los requisitos técnicos y personales, y una inspección física para constatar la existencia y características de las embarcaciones.
Si la embarcación no coincide con lo declarado, se solicitaría un nuevo certificado de matrícula a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) antes de continuar el trámite.
¿Nuevas embarcaciones formalizadas de contrabando?
El Ministerio de la Producción fundamenta su decisión en el principio de igualdad y el derecho al trabajo de los pescadores que presentaron solicitudes antes del cierre del proceso en julio de 2023.
Según la norma citada, estos pescadores ya formaban parte de la flota activa cuando el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) determinó que los recursos pota y perico estaban plenamente explotados.
Además, PRODUCE invoca la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Perico (DS N° 017-2021-PRODUCE) para respaldar la continuidad de los trámites.
El ministerio sostiene que la prórroga no permite sumar nuevas embarcaciones ajenas al registro original ni ampliar la flota, sino que busca cerrar definitivamente expedientes pendientes y garantizar la seguridad jurídica a quienes apostaron por la formalidad.
Existen más de 100 embarcaciones construidas ilegalmente entre 2022 y 2024
Rojas Vásquez cuestiona la medida desde una perspectiva técnica y legal. Sostiene que solo es posible formalizar embarcaciones que operaron efectivamente antes de 2021, cuando IMARPE declaró los recursos como plenamente explotados, y que el artículo 12 del Reglamento de la Ley General de Pesca impide otorgar nuevos permisos para recursos en ese estado.
El catedrático agrega que la formalización debía ser una ventana limitada en el tiempo para quienes demostraran actividad pesquera previa a esa fecha, no un proceso indefinido.
“Es verosímil que 150 solicitudes presentadas recién en julio de 2023 correspondieran a embarcaciones que existieran antes de 2021. De haber sido así, desde 2018 habrían tenido la posibilidad de inscribirse para obtener permisos de pesca”, advierte.
Menciona que el Sistema de Formalización Pesquera Artesanal - SIFORPA II creado en 2018, permitió inscribir más de 4.500 embarcaciones, de las cuales aproximadamente 2.500 culminaron el proceso y operan actualmente de manera formal.
IMARPE sostiene que los recursos están plenamente explotados desde 2021
El experto también advierte sobre la existencia de construcciones ilegales de embarcaciones posteriores a 2018, para las que PRODUCE no tiene mecanismos efectivos de verificación.
“No se puede hablar de un incremento de embarcaciones en ese régimen sin que ello derive, primero, en una sospecha fundada de un origen ilegal posterior a los años en que IMARPE realizó la labor científica que determinó la plena explotación del recurso”, señala.
Piero Rojas subraya que permitir la formalización de nuevas embarcaciones puede agravar la sobreoferta de pota y perico, lo que afectaría los precios y la rentabilidad de los propios pescadores artesanales.
“El ingreso de nuevas embarcaciones, además de atentar contra la sostenibilidad pesquera del recurso, también tiene el efecto de desplomar los precios en la playa del recurso”, sostiene. PRODUCE ha aplicado topes y vedas para contener la extracción, pero la magnitud de la flota formal e informal ha limitado la eficacia de estas medidas.
DICAPI ya no podrá participar en la formalización pesquera
El especialista recalca que la función del regulador es proteger el recurso y educar al sector, para evitar acciones que terminen perjudicando a los propios pescadores.
“Es la labor del ente regulador el tener una visión más amplia del ordenamiento del recurso y realizar labores educativas y de sensibilización hacia el sector pesquero”, afirma. Pero la prórroga también enfrenta críticas en materia de fiscalización.
La Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE exige la participación de DICAPI en los programas de inspección.
Sin embargo, el nuevo proyecto centraliza la verificación en manos de PRODUCE, dejando fuera a la autoridad marítima que tiene competencia para certificar la existencia de embarcaciones, explica el docente.
¿El tráfico ilegal de madera en astilleros pesqueros se repotencia?
En esta línea, advierte que la interpretación utilizada por PRODUCE del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Perico es incorrecta, pues la disposición invocada solo aplicaba a embarcaciones con permiso temporal vigente al momento de la entrada en vigor de la norma, no para ingresos posteriores.
“No planteaba una ventana abierta para seguir incorporando ilimitadamente a embarcaciones que aparecieran posteriormente”, enfatiza.
La problemática de la construcción ilegal de embarcaciones artesanales es reconocida por el propio Estado. Informes de la Dirección de Supervisión y Fiscalización de PRODUCE documentan la existencia de más de 100 embarcaciones en astilleros clandestinos entre 2022 y 2024, con operativos realizados en regiones como Piura, Lambayeque, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.
Los reportes dan cuenta de prácticas vinculadas al tráfico ilegal de madera y otras irregularidades que afectan la sostenibilidad y la seguridad de la flota nacional.
La nueva prórroga del PRODUCE también beneficia la extensión del SIFORPA
Rojas Vásquez anticipa que la aprobación de la prórroga puede sentar un precedente legal para otros proyectos en curso, como el Proyecto de Ley N° 12372-2025, que busca permitir que alrededor de 2.000 administrados inscritos en el SIFORPA II continúen con el trámite para obtener permisos de pesca.
En ambos casos, se invoca el principio de igualdad y el derecho al trabajo, pero sin evidencia de que las embarcaciones existieran antes de las fechas límite establecidas por ley.
De acuerdo con el especialista, “de aprobarse el Proyecto de Decreto Supremo, este podría constituir un precedente normativo y argumentativo para sustentar la ampliación del proceso de formalización en el marco del SIFORPA II [también conocido como REINFO pesquero]”.
¿Salvaguardar los recursos marinos o el derecho al trabajo?
Rojas Vásquez recomienda archivar el proyecto de Decreto Supremo y declarar improcedentes las 150 solicitudes, ya que los recursos de pota y perico se encuentran plenamente explotados y la legislación vigente prohíbe otorgar nuevos derechos sobre estos.
El experto considera fundamental que el Ministerio de la Producción refuerce los mecanismos de verificación y fiscalización, priorizando la sostenibilidad de los recursos y la equidad entre los pescadores formales.
La nueva propuesta de PRODUCE abre un debate sobre la gobernanza y el futuro de la pesca artesanal en el país, en un contexto donde la presión sobre los recursos hidrobiológicos y la construcción de embarcaciones ilegales plantea desafíos crecientes para la sostenibilidad y la seguridad jurídica del sector.
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