Más allá del asistencialismo y la retórica electoral

En el contexto electoral actual, el debate público se concentra prioritariamente en indicadores económicos o estrategias de seguridad ciudadana. Sin embargo, las propuestas sociales incluidas en los planes de gobierno reciben poca atención. Esta omisión es preocupante, pues el Perú enfrenta desafíos sociales, como la persistente desigualdad, niveles cada vez más altos de pobreza, exclusión de grupos vulnerables y sus exclavitudes, así como sistemas de protección social y de cuidados residuales.

En el marco del 17 de marzo, Día Mundial del Trabajo Social, aportamos en la agenda pública a través de una revisión académica y profesional, lo que ofrecen los partidos políticos que aspiran gobernar nuestro país los próximos cinco años. Así, del análisis comparado de los 36 planes de gobierno, se evidencia niveles desiguales de desarrollo y coherencia, lo que refleja distintas concepciones sobre el rol del Estado, la protección social y la garantía de derechos. La comparación también pone en evidencia importantes vacíos programáticos en temas clave para el desarrollo humano sostenible y el bienestar social.

En la mayoría de los partidos, las políticas sociales y la protección social, la reducción de la pobreza, salud y educación presentan un enfoque asistencialista basado en transferencias económicas, sin atender las causas estructurales de la desigualdad; solo un grupo reducido de partidos presenta propuestas desarrolladas y coherentes en todos los ámbitos, incluyendo trabajo digno y derechos laborales. Este último tema, es uno de los menos desarrollados en los planes. El Estado sigue siendo un proveedor subsidiario por la mayoría de partidos, y no como un garante pleno de derechos.

Es alarmante observar cómo desafíos estructurales como la crisis de los cuidados es tratada de forma general, vinculada al ámbito privado o femenino, en lugar de proponer un Sistema Nacional de Cuidados con corresponsabilidad Estado, mercado y familias. Sobre las familias en la mayoría de planes, predomina una visión homogénea y normativa que no reconoce las actuales configuraciones familiares; los partidos conservadores proponen enfoques moralizantes; hay pocas referencias a los apoyos de parte del Estado, que deben estar vinculados al desarrollo integral y ejercicio de derechos de los integrantes de la familia en todo su curso de vida, en el marco de la prevención primaria de los factores de riesgo que afectan sus condiciones de vida y bienestar.

Los grupos como la niñez, adolescencia y juventud reciben mayor atención en los planes de gobierno, mientras las personas con discapacidad y las personas adultas mayores tienen menor visibilidad o propuestas limitadas, algunos planes solo hacen referencia al monto de las pensiones, omitiendo políticas integrales de envejecimiento saludable y la nueva longevidad. Asimismo, la agenda de las mujeres y violencia de género muestra posiciones heterogéneas entre partidos, reflejando diferencias en la incorporación del enfoque de igualdad de género, ninguna mención a justicia y reparación para las mujeres que fueron esterilizadas.

En cuanto a la justicia social y derechos humanos, aunque estos conceptos aparecen en varios planes de gobierno, son presentados como referencias generales y no como marcos estructurantes de la acción pública; algunos partidos tienen propuestas que podrían resultar contradictorias con estándares de derechos humanos que el país ha ratificado y adherido. Los temas vinculados a agendas globales y desafíos emergentes, como cambio climático y demográfico, pueblos indígenas, alfabetización financiera y digital, migración y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los planes de gobierno tienen una presencia fragmentada. Mientras algunos partidos incorporan propuestas explícitas y alineadas con marcos internacionales, otros los abordan de forma marginal o están ausentes.

Desde la perspectiva es fundamental fortalecer políticas públicas integrales que garanticen derechos a lo largo de todo el curso de vida y reduzcan las brechas territoriales, de género e interseccionales. La propuesta del “Harambee”, un llamado a la unidad y responsabilidad compartida, que impulsa el Trabajo Social este año, nos invita a co-construir espacios de esperanza y cambio sistémico. En conclusión, incorporar las propuestas sociales en el centro del debate electoral no es una opción, sino una necesidad ética y política.