Ollanta Humala arremete contra el Poder Judicial y exige su liberación: “Es un secuestro por parte del Estado”

Desde el encierro, el expresidente Ollanta Humala arremetió contra el Poder Judicial. Para el líder del Partido Nacionalista, el proceso que los condenó por presuntos aportes de campaña constituye un “secuestro” y una “afrenta a la justicia”, alegando que las pruebas documentales presentadas evidencian su inocencia.

A través de su cuenta oficial en X, mencionó que el proceso judicial estuvo marcado por abusos y errores graves desde el inicio, con el objetivo de acosar judicialmente a su familia y privarlo de libertad.

“Un presunto aporte de campaña que no fue probado, ni encontrado. Un hecho que incluso bajo la tesis fiscal no configura delito y por el cual adversarios políticos míos han sido sobreseídos y sus casos archivados. Cada día de encierro es una afrenta a la justicia, a la igualdad ante la ley y un secuestro por parte del Estado”, afirmó.

Asimismo, indicó que él, su esposa Nadine Heredia, actualmente asilada en Brasil, y dirigentes de la agrupación presentaron pruebas para “apelar la sentencia ilegal que fue dictada”. Vale mencionar que el abogado Edison Huamán, defensa del exmandataria, se pronunció únicamente sobre un nuevo pedido de excarcelación para que Humala afronte el proceso en libertad, fundamentando este recurso en recientes decisiones del Tribunal Constitucional y en el archivo de investigaciones por hechos similares contra líderes como Keiko Fujimori y Susana de la Puente.

Al respecto, el letrado cuestionó que la audiencia para revisar la excarcelación haya sido programada recién para el 13 de marzo, pese a haberse presentado el pedido el 15 de enero: “Todo esto siempre es en perjuicio del expresidente Ollanta Humala Tasso, porque como ya dijo el TC y la Corte Suprema, aporte de campaña no es delito”, subrayó en entrevista con RPP.

La defensa centra su estrategia en desacreditar la acusación inicial de Marcelo Odebrecht, quien afirmó haber realizado el aporte por orden de Antonio Palocci. De acuerdo con Huamán, la Fiscalía nunca citó a Palocci durante los años de investigación. Ahora, la defensa ha presentado tanto testimonios presenciales como declaraciones escritas del exministro brasileño, además del respaldo de un fallo del Tribunal Supremo de Brasil, para demostrar que la acusación carece de sustento.

Según la defensa, Palocci niega conocer a Humala y rechaza haber solicitado fondos para sus campañas, afirmación que —aseguran— se encuentra respaldada por la justicia brasileña. En esa línea, sostiene que mantener en prisión al expresidente constituye una detención arbitraria, en contradicción con precedentes fijados por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, que establecen que los aportes electorales en ese periodo no configuran delito. El penalista César Nakazaki subrayó que este criterio es obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales y que resulta incompatible que, por hechos idénticos, unas personas sean absueltas y otras sigan encarceladas.

Investigación a los jueces y denuncias de arbitrariedad

De forma paralela, la defensa interpuso una denuncia penal contra los tres jueces que ordenaron la ejecución inmediata de la sentencia, alegando que el exmandatario fue recluido sin que existiera una resolución escrita y notificada. La Fiscalía dispuso el inicio de una investigación preliminar de 60 días contra los jueces Juana Mercedes Caballero García, Nayko Techy Coronado Salazar y Max Oliver Vengoa Valdiglesias, integrantes del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, por presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad ideológica.

El Ministerio Público busca esclarecer las circunstancias en que se ordenó la prisión inmediata de Humala, cuando aún existen debates jurídicos sobre la tipificación de los hechos imputados. Como parte de las diligencias, la Fiscalía recibirá la declaración del expresidente y del Procurador Público del Poder Judicial, quienes deberán aportar información sobre las posibles afectaciones institucionales derivadas de la decisión judicial.