Abogados de Ollanta Humala piden su liberación tras archivo del caso Cócteles: “Tiene que aplicarse la misma consecuencia jurídica”

La reciente decisión del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial de archivar definitivamente el caso ‘Cócteles’ —investigación que involucraba a Keiko Fujimori y miembros de Fuerza Popular por presunto lavado de activos— generó un efecto inmediato en los procesos similares contra otros políticos en el país. Los abogados del expresidente Ollanta Humala, David León y Wilfredo Pedraza, presentaron solicitudes formales para que se le aplique el mismo criterio y se ordene su liberación, argumentando que la igualdad ante la ley obliga a concederle el mismo trato jurídico.

León, abogado principal de Humala, sostuvo en entrevista con Canal N que, pese a que el fallo no es vinculante, la decisión del Tribunal Constitucional beneficia a la demandante original y sienta una pauta general sobre la interpretación del financiamiento de campañas políticas antes de 2016. “La discusión sobre si la recepción de aportes de campaña constituye lavado de activos ya ha sido zanjada tanto por la Corte Suprema como por el Tribunal Constitucional. No puede ser delito para una persona y no serlo para otra. El principio de legalidad es que la ley es igual para todos”, afirmó.

Remarcó que el caso de su patrocinado, junto al de Nadine Heredia y el Partido Nacionalista, gira en torno a hechos idénticos a los de Fuerza Popular. “Debe aplicarse la misma consecuencia jurídica. La discusión en ambos procesos es la recepción de aportes de campaña, y si en el caso ‘Cócteles’ se determinó que no constituyen delito, el expediente de Humala debe ser archivado”, insistió.

Frente a los cuestionamientos sobre la existencia de una condena firme en el caso de Humala, León enfatizó que la sentencia fue producto de una interpretación equivocada de la ley por parte de los jueces. “Se plantearon los mismos argumentos que ahora ha reconocido el Tribunal Constitucional. La ley es la misma para todos. No puede haber una ley distinta para cada órgano jurisdiccional. El problema fue que los jueces no aplicaron correctamente la norma y ordenaron una condena y encarcelamiento indebido”, explicó.

Por su parte, Wilfredo Pedraza, también parte de la defensa de Humala, confirmó en RPP la presentación de un recurso para que se revise la detención del exmandatario y se suspenda la ejecución provisional de la pena. Subrayó que las imputaciones por presuntos aportes de campaña en los años 2006 y 2011 son sustancialmente similares a las que motivaron el archivo definitivo del caso ‘Cócteles’. “Los casos son idénticos porque el fondo, salvo matices, tiene que ver con aportes de campaña de la empresa Odebrecht. El Tribunal Constitucional ha declarado que los aportes para campañas políticas no son delitos sino hasta el 2016”, señaló.

Recordó que Humala lleva nueve meses privado de libertad por un hecho que, según el máximo intérprete de la Constitución y la Corte Suprema, no es delito. “La arbitrariedad es manifiesta”, apuntó. También rechazó el argumento fiscal de que parte de los fondos presuntamente recibidos por Humala se habría destinado a fines distintos a la campaña, como la compra de inmuebles, y recalcó que tanto su patrocinado como su entorno han negado la existencia de aportes ilícitos. “Incluso bajo la hipótesis fiscal, no se acredita el elemento central del delito: el conocimiento del origen ilícito del dinero. Si no existe conocimiento, no puede configurarse el delito”, afirmó Pedraza.

Ahora, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional deberá pronunciarse sobre el pedido de liberación. La defensa instó al tribunal a considerar los recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y una Sala Penal Constitucional de Lima, que declaró fundado un habeas corpus a favor de Humala por detención indebida.

“¿Por qué sigo en prisión?"

Desde el penal, Ollanta Humala difundió un mensaje en el que cuestionó la legalidad de su detención tras el archivo del caso ‘Cócteles’. “El 15 de enero del 2026 cumpliré nueve meses en prisión por un hecho que hoy el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han señalado que no es delito. Entonces, ¿por qué sigo en prisión, por qué mi familia tuvo que irse si no cometimos delito?”, planteó el exmandatario.

Aseguró que él y su familia han enfrentado más de una década de proceso judicial, con múltiples restricciones y medidas cautelares, sin que existan pruebas o testigos que confirmen los cargos. “Llevamos diez años en un proceso por presunto lavado de activos, a través del cual se nos ha impuesto todas las reglas de conducta posibles y una sentencia prevaricadora. Sin pruebas, sin testigos”, denunció.

Tras ello, el expresidente exigió su excarcelación inmediata y el respeto a la igualdad ante la ley. “Exijo mi libertad, la igualdad ante la ley y el cese del acoso judicial en mi contra y contra mi familia por ser nacionalistas”, enfatizó.