Ministerio de Educación anuncia resguardo policial en colegios afectados por la ola de extorsiones y amenazas

El Ministerio de Educación anunció nuevas medidas para fortalecer la seguridad en colegios públicos y privados de Perú a dos meses del inicio del año escolar 2026, con el objetivo de responder al contexto de inseguridad que afecta a la comunidad educativa.

La cartera liderada por Jorge Figueroa mantiene coordinaciones con el Ministerio del Interior para desplegar acciones de resguardo en las instituciones educativas, luego de los incidentes registrados el año anterior en distintos distritos de Lima.

Durante el primer trimestre de 2025, al menos quinientas instituciones educativas privadas fueron extorsionadas en distritos como San Martín de Porres, Comas, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho, según información citada por 24 Horas por la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú.

En consecuencia, varios colegios privados suspendieron la presencialidad y optaron por la virtualidad en las primeras semanas de marzo, lo que incrementó la preocupación entre padres y autoridades, de acuerdo con el reporte.

Figueroa indicó que “también se han realizado coordinaciones con el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad en los centros educativos”. Explicó que el portafolio ha “hecho convenio con el Ministerio del Interior para la provisión de personal de la policía para las zonas focalizadas donde se ha visto la mayor incidencia de estos delitos y estamos tratando de coberturar que haya la seguridad correspondiente para nuestros niños”.

Entre las estrategias implementadas, el ministerio informó sobre la existencia de cinco mil brigadas de autoprotección escolar (PAPES), integradas por casi cincuenta mil padres de familia, que colaboran en la vigilancia y resguardo de los estudiantes.

En la misma línea, el titular de Educación anunció la distribución de más de 13 millones de unidades de material educativo en todo el país para el próximo año escolar, una iniciativa que asegurar el abastecimiento de recursos pedagógicos y el normal desarrollo de clases.

Panorama

En noviembre del año pasado, el presidente interino José Jerí firmó una ley contra la criminalidad dirigida al transporte urbano y anunció medidas complementarias al estado de emergencia declarado en Lima y Callao para combatir de una mejor manera la delincuencia organizada.

En un acto realizado en Palacio de Gobierno, el mandatario destacó que la norma aprobada es una de las medidas más importantes en su compromiso de lucha contra la criminalidad y que ha sido producto del diálogo con los gremios de transportistas y otros sectores llevado a cabo hace algunas semanas en Lima.

Algunos de los puntos considerados por la ley son que las cuentas utilizadas para la extorsión de los transportistas se congelarán y que se realizará seguimiento a las empresas con movimientos sospechosos y utilizadas para recibir los cupos o sobornos.

Según cifras gubernamentales, el avance de la criminalidad en el país se refleja en que actualmente cuatro de cada diez peruanos han sido víctimas de extorsión, en medio del estado de emergencia en Lima y la vecina provincia portuaria del Callao por un plazo de 30 días.