JNJ denuncia penalmente a miembros del CAL que suspenderían a María Teresa Cabrera y consejeros

El procurador público de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Marlo Tello Ponce, presentó una denuncia penal contra los miembros del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) que podrían suspender en los próximos días a los consejeros en el ejercicio profesional.

Se trata de una denuncia penal contra los abogados Carlos Ampuero Montes, Félix Vasi Zevallos y María Vera Tudela Peña, quienes integran el Consejo de Ética del CAL y que esta semana suspendieron por 6 meses a Patricia Benavides.

La Procuraduría Pública de la JNJ les atribuye el presunto delito de avocamiento ilegal de procesos en trámite, que es sancionado con una pena de hasta 2 años de prisión.

“La autoridad que, a sabiendas, se avoque a procesos en trámite ante el órgano jurisdiccional, será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de dos años e inhabilitación”, se lee en el artículo 410 del Código Penal.

La denuncia llega luego de que el Consejo de Ética del CAL admitiera a trámite un pedido para suspender en el ejercicio de la profesión a la presidenta de la JNJ, la exjueza provisional María Teresa Cabrera; el sentenciado por violencia familiar, Gino Ríos; y los consejeros Jaime de la Puente, Germán Serkovic y Cayo Galindo.

Según fuentes de Infobae, ya se convocó audiencia para evaluar el pedido de suspensión contra los miembros de la Junta. La decisión podría oficializarse en los próximos días.

CAL suspendió a Patricia Benavides

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) suspendió por 6 meses en el ejercicio profesional a la fiscal suprema Patricia Benavides. La resolución sostiene que permitir su permanencia en el Ministerio Público, pese a los antecedentes documentados, puede debilitar la confianza ciudadana en la institución y entorpecer la implementación de políticas dirigidas al bienestar general.

Según la resolución a la que accedió Infobae, el organismo afirma que la situación de Patricia Benavides podría afectar no solo “la estabilidad funcional” del Ministerio Público, sino también su “función persecutoria”. La suspensión, a juicio del Consejo de Ética del CAL, responde a la necesidad de evitar que la exfiscal de la Nación continúe ejerciendo mientras existan cuestionamientos graves sobre su integridad profesional.

La medida disciplinaria fue tomada por los miembros del Consejo de Ética, Carlos Ampuero Montes, Félix Vasi Zevallos y María Vera Tudela Peña, quienes acordaron la suspensión tras constatar que Benavides incurrió en seis faltas éticas. El eje de la sanción radica en su presunto falseamiento de información ante la anterior JNJ, durante su postulación a fiscal suprema. La resolución señala que Benavides aseguró que no interferiría en la investigación que enfrentaba su hermana, Enma Benavides, por supuestos sobornos cuando era jueza en la exSala Penal Nacional.

En 2022, tras asumir el cargo de fiscal de la Nación, Patricia Benavides retiró de manera inesperada a la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla, quien tenía bajo su responsabilidad la investigación contra Enma Benavides. La destitución de Revilla se argumentó con base en una supuesta falta de productividad.

El CAL consideró que Benavides transgredió el artículo 6, inciso 1, del Código de Ética, el cual exige a los abogados “actuar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez, eficacia y buena fe; así como del honor y dignidad propios de la profesión”. Adicionalmente, el documento indica que también infringió otras disposiciones del mismo código.

Denuncian represalias

El decano del CAL, Raúl Canelo, denunció represalias, abuso de poder y presuntos actos de peculado contra los integrantes del Consejo de Ética de la orden como consecuencia directa de haber suspendido a Patricia Benavides.

“No obstante, pese a tratarse de un procedimiento ético de naturaleza personal y no institucional, el procurador público de la JNJ interpuso una denuncia penal contra los miembros del Consejo de Ética, alegando un supuesto ‘abocamiento indebido’. Al respecto, el Decano precisó que no existe impedimento legal alguno para que el Consejo de Ética conozca hechos de relevancia ética, aun cuando estos también sean materia de procesos judiciales o constitucionales, toda vez que lo ético y lo jurisdiccional son ámbitos distintos y autónomos”, se lee en un pronunciamiento del CAL.