La bancada de Renovación Popular ha puesto sobre la mesa una propuesta legislativa que bajo el argumento de la “libertad religiosa” busca alterar las reglas del juego electoral en el Perú. El proyecto, liderado por la congresista Norma Yarrow y respaldado por figuras como Alejandro Muñante y Milagros Jáuregui, plantea una modificación directa a la Ley Orgánica de Elecciones. La intención es borrar la línea que hoy impide a los candidatos mezclar la fe con la búsqueda de votos, permitiendo el uso de símbolos y discursos confesionales en plena campaña.
Esta iniciativa surge tras los recientes tropiezos legales de su líder y actual candidato presidencial, Rafael López Aliaga. Semanas atrás, el Jurado Nacional de Elecciones (JEE) apuntó contra el exalcalde de Lima por haber invocado a Dios durante un mitin, un acto que la normativa vigente sanciona para evitar que se manipule el sentimiento religioso de los ciudadanos con fines electorales. De prosperar esta ley, lo que hoy es una infracción pasaría a ser un derecho protegido, facilitando el discurso proselitista de tanto su propio partido como otros.
Entre la fe y la ley electoral
La controversia que alimenta este proyecto de ley tiene nombre y apellido. El JEE Lima Este I ordenó recientemente a Rafael López Aliaga que se abstuviera de utilizar temas religiosos en su campaña, tras detectar que en un mitin en Santa Anita usó frases como “somos hermanos del mismo padre celestial”. Para el tribunal electoral, estas expresiones, más allá de ser manifestaciones de fe, son medios de persuasión e incitación religiosa que atentan contra la objetividad del voto.
El órgano electoral señaló que el uso de imágenes de santidades, como la del Señor de los Milagros durante sus actos públicos constituye propaganda prohibida. Según la resolución oficial, al presentarse como una “derecha cristiana” frente a sus rivales, el candidato busca inducir el apoyo de los fieles, rompiendo la neutralidad que exige la ley.
Como respuesta, López Aliaga no solo rechazó la medida, sino que anunció una abierta “rebelión” contra el JNE, comparando su resistencia con la de los Macabeos del Antiguo Testamento.
Una ley a medida para evitar la “mordaza” religiosa
El argumento central de la bancada de Renovación Popular es que la prohibición actual funciona como una “mordaza sancionatoria” que recorta la identidad del político. En la exposición de motivos del proyecto, los legisladores sostienen que el Estado no debe interferir en cómo un ciudadano manifiesta sus creencias en público.
“Las autoridades electorales han sancionado a diferentes organizaciones políticas o candidatos por el solo hecho de ejercer la libertad de expresión y de opinión, así como el derecho a la libertad de religión, afectando en ese contexto su derecho constitucional”.
Alejandro Muñante, previamente, se pronunció por la ley vigente y las resoluciones que afectaron a López aliaga. Para el congresista, se trataría de una “amputación de valores” y excluye la fe del debate nacional.
El proyecto de Yarrow plantea que eliminar esta restricción no solo garantiza derechos fundamentales, sino que también reduce la carga administrativa del JNE, al quitarles la tarea de fiscalizar qué tan “religioso” es el discurso de un postulante.
Esta iniciativa se tramita justo cuando su principal carta presidencial enfrenta posibles multas de hasta 5 UIT y denuncias ante el Ministerio Público si insiste en su discurso religioso.
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