Cajamarca, nuevo foco de minería ilegal impulsada por empresarios chinos desplazados de La Libertad

El desplazamiento de empresarios chinos vinculados a la minería ilegal hacia Cajamarca marca el inicio de una nueva fase en la expansión de estas actividades ilícitas. Según el experto en minería, Iván Arenas, esta región se ha consolidado como una nueva “meca de la minería ilegal y de la minería informal” en la que incluso se habrían involucrado presuntas mafias extranjeras integradas por ciudadanos chinos.

“No es la primera vez que algunos empresarios chinos absolutamente informales participan en este tipo de actos ilícitos”, afirmó Arenas en diálogo con Canal N. El especialista recordó que, en febrero de 2020 al menos dos ciudadanos chinos fueron capturados en Parcoy y Pataz, zonas de la región La Libertad con presencia de mineros ilegales e informales.

Arenas advirtió sobre la movilidad de estos grupos, que buscan áreas con menor control estatal para instalar sus operaciones. Actualmente, las redes delictivas se ubicarián en Hualgayoc, Chugur, Bambamarca y El Indin, extendiendo su alcance dentro de la región Cajamarca.

“Se sabe que en Cajamarca hay mafias de algunos empresarios chinos que están básicamente vinculados a la minería ilegal”, indicó el especialista, quien también aseguró que el incremento de las actividades ilícitas también se observa en localidades como Quiruvilca y se replica en otros puntos. “La Policía Nacional del Perú también lo sabe. Hay mafias de empresarios chinos que están vinculados a mineros ilegales de la zona o, en todo caso, a plantas de procesamiento”.

Minería ilegal y vínculos políticos

Consultado sobre el posible vínculo entre la minería ilegal y el financiamiento a organizaciones políticas, Arenas indicó que en Hualgayoc detectaron a personas relacionadas con dicha actividad y describió esa zona como “el nuevo corredor en la minería ilegal”. Relacionó estos hechos con el caso de los “Topos del Frío”, capturados en 2020 durante una requisa en la que incautaron entre USD 10 millones y USD 20 millones en oro. Sostuvo que “de alguna u otra manera tenían relación con Alianza para el Progreso (APP)”.

El especialista reiteró ante Canal N que existen “evidentemente conexiones políticas” en torno a la minería ilegal. Según Arenas, el fenómeno revela el alcance de las redes mineras ilícitas en la política nacional, donde emergen indicios de aportes y vínculos financieros entre estas organizaciones y ciertas estructuras partidarias.

Sobre la posición de las autoridades regionales, Arenas afirmó que “el actual gobernador regional de Cajamarca es miembro del partido de José Jerí, es decir, de Somos Perú. Entonces uno podría decir, digamos, malintencionadamente, que podría haber una relación”. Sostuvo también que el gobernador “trata de excusarse de las responsabilidades que puedan tener” y recordó que, hasta este año, la función principal de los gobiernos regionales era la formalización de mineros.

Respecto a la fiscalización, Arenas aclaró: “Lo que se buscaba con la nueva ley MAPE era fortalecer las capacidades fiscalizadoras de los gobiernos regionales para ese tipo de minería ilegal”. Lamentó, sin embargo, que “quienes antes se oponían a la minería ilegal, la minería moderna que cumple estándares, no dicen absolutamente nada frente a lo que está sucediendo ahora”.