Trabajadoras sexuales organizan plantón ante el Poder Judicial en medio de audiencia clave por cierre de ‘Las Cucardas’

Las trabajadoras sexuales realizarán un plantón este miércoles frente al Poder Judicial, donde el Cuarto Juzgado Constitucional evaluará la acción de amparo presentada tras el cierre del prostíbulo ‘Las Cucardas’ en 2024 por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, bajo la gestión del entonces alcalde Rafael López Aliaga.

La audiencia está programada para las 9:30 en la sede judicial ubicada en la intersección de la avenida Abancay con Nicolás de Piérola. Ángela Villón, activista y representante del colectivo, consideró esta fecha como “un día clave“, ya que ocurre casi dos años después de un cierre que califican de irregular ya que, según documentos oficiales, el establecimiento contaba con licencia de funcionamiento vigente y certificado de seguridad de edificaciones válido hasta 2026.

Villón señaló que el proceso pone en juego derechos fundamentales, como el trabajo, la dignidad, la igualdad y la vida libre de violencia. “Aquí se juegan nuestros derechos humanos: trabajo, dignidad, igualdad y una vida libre de violencia”, afirmó. También indicó que “cerrar espacios seguros no protege, expone y vulnera”.

El colectivo demanda que el tribunal actúe conforme a derecho y restituya su lugar de trabajo. “El trabajo sexual no es delito. Exigir derechos tampoco”, subrayó la activista, quien reiteró la convocatoria bajo el lema “¡Justicia para las trabajadoras sexuales!”.

En ‘Las Cucardas’, las trabajadoras contaban con limpieza y seguridad proporcionadas por la empresa, así como exámenes médicos mensuales de secreción, trimestrales para infecciones de transmisión sexual (ITS) y anuales de hepatitis. Tras el cierre, muchas ejercen su oficio en las calles bajo condiciones riesgosas y quedan expuestas a redes criminales como el Tren de Aragua y sus facciones.

“Con el cierre ordenado por la gestión de López Aliaga, más de 150 compañeras fueron desalojadas, ya que laboraban en dos turnos, mañana y tarde. Hay una mano negra en esto. Huele a vicios de corrupción. Las han sacado con abuso de poder y contra la ley”, denunció Villón en un informe difundido en su momento por Infobae Perú.

El cierre generaba sospechas, ya que la comuna capitalina actuó pese a la vigencia de la licencia y el certificado de seguridad. El club nocturno, fundado por la familia Shimabukuro, está actualmente bajo la dirección de Evelyn Sotomayor, quien indicó que la empresa invirtió cerca de un millón de soles en remodelaciones tras la pandemia, un periodo en el que, de acuerdo con Amnistía Internacional, se incrementó la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales en el país.

Semanas después de la regularización, la arquitecta María del Rosario Pflucker presentó un informe que advertía sobre la ausencia de aspersores contra incendios. Sotomayor sostuvo que, por el tamaño del área de entretenimiento, la ley no exige estos dispositivos, y que los cuartos alquilados no suman al metraje requerido, una interpretación vigente durante medio siglo.

A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad, la Municipalidad de Lima anuló la licencia del local el 14 de mayo de 2024. Organizaciones feministas han destacado la importancia de que las trabajadoras sexuales accedan a derechos fundamentales como seguridad social, salud, protección frente al abuso y un entorno laboral seguro.

Ellas han denunciado reiteradamente que una parte significativa de sus ganancias va a manos de agrupaciones delictivas, que les exigen pagos de entre 200 y 600 soles por semana para permitirles operar. Estas mafias controlan diversas “zonas rosas” en distritos como Los Olivos, San Juan de Miraflores, Independencia, el Centro de Lima, Lince y San Juan de Lurigancho.