El caso conocido como ‘Chifagate’ ha colocado al gobierno de José Jerí contra las cuerdas, desatando una tormenta política y judicial que amenaza con desplazarlo de la presidencia a menos de tres meses de las Elecciones Generales de Perú. La difusión de imágenes y registros que muestran al mandatario en encuentros confidenciales con el empresario chino Zhihua Yang —uno de ellos en un restaurante-chifa y otro en un local clausurado del barrio chino de Lima— desató una reacción en cadena: investigaciones fiscales, mociones de vacancia y censura en el Congreso, y un proceso disciplinario en el partido oficialista Somos Perú.
La tensión se incrementa en un contexto de alta desconfianza ciudadana y presión institucional, mientras la oposición y distintas bancadas parlamentarias deciden ponerse en situación de ‘veremos’ para decidir si apoyan o no la salida de mandatario encargado de la presidencia.
¿Qué es el ‘Chifagate’?
El término ‘Chifagate’ surgió tras la publicación de imágenes de José Jerí en dos reuniones reservadas con Zhihua Yang, empresario con sólidos vínculos en sectores estratégicos peruanos. Una de las citas ocurrió el 26 de diciembre de 2025 en un chifa (restaurante de comida china); la otra, el 6 de enero de 2026, en el Market Capón del barrio chino, clausurado por orden municipal. Ninguna de estas reuniones figuró en la agenda oficial ni en el portal de transparencia del Gobierno. La versión de Palacio —que justificó la visita al local como una simple compra de caramelos— no convenció a la opinión pública.
La Fiscalía de la Nación inició investigaciones preliminares por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias, mientras el Congreso citó a Jerí para aclarar las circunstancias de los encuentros. El episodio detonó mociones de vacancia y censura, en un clima político ya marcado por la polarización y el desgaste institucional.
La cercana relación de Jerí con polémicos empresarios chinos
La crisis se agudizó al conocerse que Ji Wu Xiaodong, empresario chino investigado por crimen organizado y tráfico ilegal de madera —con orden judicial de arresto domiciliario—, ingresó tres veces a Palacio de Gobierno en compañía de Yang. De acuerdo a reportes del Ministerio Público, Xiaodong fue recibido por personal de la Secretaría de Comunicación Estratégica y permaneció varias horas dentro de la sede presidencial, lo que evidenció vacíos en los protocolos de seguridad y generó sospechas sobre la protección institucional a empresarios de alto perfil y antecedentes judiciales.
El caso destapó la compleja red de intereses que rodea a Zhihua Yang, quien lleva más de veinte años en Perú y dirige un conglomerado con presencia en energía, construcción e industrias. Entre sus principales negocios figuran la concesión de la Central Hidroeléctrica Pachachaca 2 en Apurímac, valorizada en más de USD 224 millones, y plantas industriales que operan fuera de norma.
Las empresas de Yang también contrataron servicios profesionales del hermano de la expresidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, investigado a su vez por organización criminal. Además, el empresario acompañó a Dina Boluarte en una visita oficial a China y participó en eventos congresales liderados por Jerí antes de asumir la presidencia.
El Congreso y las mociones: presión máxima sobre Jerí
La Comisión de Fiscalización del Congreso, encabezada por Elvis Vergara, citó a Jerí para responder sobre sus reuniones con Yang y Xiaodong, así como la ausencia de registro oficial de las mismas. El 21 de enero se convocó una sesión extraordinaria para esclarecer si existieron gestiones irregulares, entre ellas presuntos beneficios a empresas vinculadas a Yang o la supresión de sanciones contra Market Capón. A la par, parlamentarios como Segundo Montalvo, Ruth Luque y Jaime Quito impulsan mociones de vacancia por “incapacidad moral permanente”, citando la falta de políticas contra la inseguridad, la privatización parcial de Petroperú y la gestión deficiente de fondos públicos.
La reacción en Somos Perú fue inmediata: el partido abrió un proceso disciplinario interno contra Jerí, mientras líderes como Warner Salcedo y dirigentes de Alianza para el Progreso exigieron la salida del mandatario y responsabilizaron al oficialismo por la crisis de gobernabilidad.
Implicancias legales y contradicciones de José Jerí
El contexto jurídico del caso divide a especialistas en derecho constitucional y penal de Perú. Algunos, como Benji Espinoza y Andy Carrión, sostienen que existen elementos suficientes para investigar a Jerí por tráfico de influencias y cohecho, dada la promesa de organizar eventos oficiales financiados por Yang y el posible direccionamiento de contratos públicos. La Fiscalía inició una indagación preliminar y el despacho presidencial expresó su disposición para colaborar, aunque la investigación se limita a recabar información mientras Jerí siga en funciones.
En tanto, la defensa pública del presidente ha estado marcada por contradicciones. Inicialmente, Jerí afirmó que fue invitado por Yang para coordinar el Día de la Amistad Perú-China, pero luego admitió que él mismo organizó la cena y pidió disculpas públicas por su proceder.
“Admito mi error y pido disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado, y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento”, dijo hace unos días el mandatario.
Sin embargo, y ante la emisión de nuevos videos, José Jerí afirmó en Canal N: “No voy a aceptar que haya un hecho irregular e ilícito en el motivo de mi conversación”. Reconoció no haber registrado formalmente la reunión del 26 de diciembre, pero negó cualquier acto doloso o encubrimiento.
“Yo no le mentí al país”, reiteró en varias ocasiones, y aseguró que no renunciará. Jerí se declaró víctima de ataques personales y de intentos de distorsionar actos comunes para afectar el proceso electoral. También manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones abiertas por la Comisión de Fiscalización y el Ministerio Público.
En relación con la supuesta injerencia en una resolución en beneficio del empresario Yang, el presidente fue tajante ante la consulta de la prensa: “Descartado tajantemente. No tengo mayor comunicación con Indecopi en ningún nivel”. También negó cualquier vínculo entre su visita al establecimiento de Yang y las decisiones del organismo regulador.
Contratos bajo sospecha y antecedentes de la relación Jerí-Yang
La controversia se amplificó tras conocerse la modificación de las bases de un contrato de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para la adquisición de 8.000 cámaras de videovigilancia, valorizado en 112 millones de soles, poco después de la reunión en el chifa. El presidente de la ATU, David Hernández, negó cualquier vínculo con empresas de Yang, aunque reconoció que hubo consultas de compañías chinas interesadas en el proceso.
Por otro lado, registros oficiales muestran que Jerí y Yang coincidieron en eventos desde 2024, cuando el ahora presidente era congresista. El abogado de Yang, Edwin de la Cruz, aseguró que la relación era de amistad y que la reunión en el chifa fue para coordinar celebraciones del Año Nuevo Chino. Negó solicitudes de favores empresariales, aunque reconoció la frecuencia de los encuentros. El propio Jerí reconoció que, tras el escándalo, rompió el vínculo personal con Yang.
Censura, renuncia o vacancia: ¿Qué corresponde?
El Congreso discute entre vacancia y censura, con cuatro mociones en trámite y un respaldo creciente a la medida menos exigente en votos. Analistas como José Cevasco Piedra prevén que, en caso de censura, la vicepresidencia del Congreso asumiría el mando de manera interina, salvo que el Pleno decida renovar la Mesa Directiva. Mientras tanto, la Fiscalía avanza en sus diligencias y la ciudadanía observa con escepticismo la capacidad del Ejecutivo para recuperar la agenda y restaurar la confianza pública.
El ‘Chifagate’ expone, una vez más, la fragilidad de las instituciones peruanas frente a la influencia de intereses económicos y la ausencia de controles efectivos en la administración pública. El desenlace de este escándalo podría redefinir el equilibrio político y marcar el rumbo de la transición presidencial en una de las coyunturas más tensas de la historia reciente del país.
Crisis política y Elecciones Generales
El avance del proceso electoral peruano sigue firme pese al escándalo político que rodea al presidente interino José Jerí. A menos de tres meses de los comicios generales previstos para abril de 2026, la maquinaria institucional se mantiene en marcha, incluso mientras se multiplican los cuestionamientos y las maniobras legislativas para remover al jefe del Estado.
Frente a este escenario, Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ha explicado en sus redes sociales que la eventual salida de José Jerí no tendría impacto en el calendario electoral. El politólogo aclaró: “El proceso electoral no sufriría alteración alguna”, ya que la convocatoria ya se realizó y la logística depende de organismos autónomos como la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC.
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