Perú ve un país tomado por las economías ilícitas: 94% vincula corrupción con minería ilegal, tala y narcotráfico

La percepción de un país capturado por actividades criminales ya es abrumadora. El 94% de peruanos afirma que la corrupción está directamente vinculada con economías ilícitas —como la minería y la tala ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras—, según la XIII Encuesta Nacional de Percepciones de la Corrupción 2025 de Proética.

El hallazgo llega en un momento en que estas economías se expanden sin freno: solo la minería ilegal movilizó US$12 mil millones este año, más que todas las demás actividades delictivas juntas, mientras nuevas carreteras y decisiones políticas abren caminos en territorios donde el Estado pierde presencia.

Un país donde la ilegalidad gana terreno

La encuesta —realizada por Ipsos a 1300 personas entre el 15 y 26 de octubre— muestra que para la mayoría de ciudadanos no se trata de un fenómeno abstracto. Casi la mitad del país convive con estas actividades como parte de su entorno diario: el 56% considera que, en sus regiones, las economías ilícitas son la única opción de empleo para muchas personas. Esta disyuntiva —legalidad frente a necesidad económica— ya no distingue entre Lima y las regiones: la percepción es uniforme.

Ese impacto cotidiano también se refleja en los territorios. En Ucayali, por ejemplo, el avance de cultivos ilegales de hoja de coca, trochas informales y pistas clandestinas forma un corredor criminal que crece aceleradamente. Pese a ello, el gobierno ha promulgado la ley que habilita la carretera UC-105, impulsada por Fuerza Popular, que atravesará zonas donde confluyen narcotráfico, minería ilegal, concesiones madereras cuestionadas y comunidades indígenas que se oponen al proyecto. Desde Brasil hasta Atalaya, pueblos indígenas han conformado una Comisión Transfronteriza para visibilizar los impactos que traerá esta ruta sobre sus territorios.

Este escenario coincide con un crecimiento histórico de la minería ilegal en 2025. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), esta actividad ya mueve US$12 mil millones al año, triplicando su tamaño desde 2023 y representando el 66% de todas las economías ilícitas del país. Dejó de ser una actividad artesanal: hoy opera como una industria con logística, insumos, financiamiento y redes que compiten con la minería formal sin tributar. Su impacto económico total asciende a S/ 22,700 millones, equivalente al 25% del PBI.

Crimen, corrupción y la vida cotidiana: lo que revela la encuesta

Durante una entrevista en RPP, José Dextre Chacón, presidente del Consejo Privado Anticorrupción, explicó que los resultados perfilan una radiografía preocupante del país. Según el estudio, el 68% de peruanos identifica a la delincuencia como el principal problema nacional, seguido de cerca por la corrupción (67%).

“Vemos cómo la corrupción se hace continua, permanente. Las cifras muestran la necesidad de responder como sociedad”, advirtió. Para Dextre, detrás de estas cifras hay un deterioro profundo del valor social de la honestidad y una urgente necesidad de respuestas que combinen prevención, sanción y educación.

El Congreso, la institución más asociada con corrupción

La encuesta también da cuenta de una fuerte desconfianza institucional. El 85% considera al Congreso como la institución más corrupta del país, seguido por el Ministerio Público (35%), el Gobierno (33%), el Poder Judicial (33%) y la Policía Nacional (27%).

Dextre subrayó que esta percepción debe motivar una reflexión ciudadana:“Los congresistas están ahí porque los elegimos. Yo soy parte del problema cuando elijo mal a un congresista”, afirmó.

Según señaló, el escenario político actual está marcado por actores que buscan sus propios intereses, lo que profundiza la desconfianza.

68% prioriza la honestidad sobre otros atributos políticos

Uno de los hallazgos más consistentes del estudio es que la ciudadanía tiene claro qué espera de sus autoridades. El 68% dice priorizar la honestidad en un candidato político, muy por encima de la experiencia política (28%), el tener un equipo (28%), la eficiencia (26%) o sus propuestas (23%).

“Lo que se espera por encima de todo es la honestidad”, apuntó Dextre. Como reflexión, advirtió que no se debe votar “por el que sale en una foto, en la televisión o porque es un modelo”, sino por quienes demuestren dominio profesional y un historial ético.

La dimensión ambiental del problema

La encuesta revela que la deforestación y tala ilegal son consideradas problemas muy graves o graves por el 92% de la población. Sin embargo, el 86% cree que el Estado no está haciendo lo suficiente para enfrentarlos, una percepción que se mantiene similar a la de 2022.

En regiones como Ucayali y Madre de Dios, la presencia de concesiones madereras irregulares, cultivos de coca, lavado de activos y redes criminales pone en riesgo a comunidades indígenas y defensores ambientales.

<b>Minería ilegal: un problema estructural y creciente</b>

Respecto a la minería ilegal, el 93% la considera un problema grave. Pero el dato más preocupante es que el 92% cree que el Estado no está haciendo lo suficiente para enfrentarla, pese a que se trata de una actividad que ha alcanzado un nivel industrial y que compite directamente con el sector formal.

Dextre consideró que este escenario exige discutir sobre educación, valores y políticas públicas:“¿Cómo transformo la minería ilegal? ¿Cómo la resuelvo? Discutimos si mantener el reinfo, pero no cuánto dialogamos sobre cómo lograr una minería que mueva la economía sin destruirla”, señaló.

<b>Defensores ambientales: protección insuficiente</b>

A pesar de que la mayoría admite estar poco informada sobre los asesinatos o amenazas contra líderes ambientales e indígenas, existe un amplio consenso sobre la necesidad de protegerlos: el 92% apoya la creación de medidas especiales de seguridad.

Este respaldo contrasta con la expansión de rutas ilegales y megaproyectos que avanzan sin consulta previa, y que muchas veces exponen a comunidades a mayor riesgo.