El directorio de Petroperú, presidido por Elba Rojas, niega que exista riesgo de desabastecimiento de combustibles y diésel a nivel nacional en medio del debate por la eventual privatización de la Refinería de Talara y la convocatoria a un paro sindical de 72 horas.
La empresa estatal emitió un comunicado oficial en el que asegura la continuidad operativa en todas sus instalaciones y la atención regular al público, pese a la huelga anunciada por trabajadores para los días 19, 20 y 21 de enero.
Petroperú asegura la operación continua de gasolinas y diésel
En el Comunicado N.º 003-2026, Petroperú subraya que mantiene activas todas sus plantas, terminales y oficinas administrativas. La compañía afirma que ha dispuesto medidas de seguridad y eficiencia dentro de sus planes de contingencia para prevenir cualquier interrupción.
Además, informó que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) declaró improcedente la huelga sindical, aunque la normativa vigente otorga un plazo de tres días hábiles para que los trabajadores puedan solicitar la reconsideración de la decisión.
La estatal, bajo la presidencia de Elba Rojas, sostiene que continúa con la implementación de medidas de reestructuración, en cumplimiento del Decreto de Urgencia N.º 010-2025, cuyo objetivo es reforzar la gestión, asegurar la sostenibilidad financiera y garantizar el abastecimiento de combustibles en todo el país.
Tensión creciente entre el directorio y sindicatos
Los gremios sindicales, representados por la Federación de Trabajadores Petroleros del Perú (FENPETROL) y el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP), han manifestado su rechazo a la estrategia del gobierno y acusan a las autoridades de impulsar una privatización encubierta de la empresa.
Según comunicados internos, los trabajadores cuestionan la falta de transparencia y denuncian que la operación de los principales activos de Petroperú, incluida la Refinería de Talara, podría pasar a manos privadas a través de una concesión integral.
En un mensaje sindical difundido tras una reunión con la Junta General de Accionistas, representantes laborales calificaron de “lesivo” el Decreto de Urgencia N.º 010-2025 y ratificaron su intención de mantener el paro nacional de 72 horas.
En Petroperú, nadie quiere a la ministra Denisse Miralles
Durante los últimos días, los trabajadores denunciaron que la presidenta del directorio, Elba Rojas, no sostuvo reuniones previas con los empleados afectados por los cambios derivados del decreto.
Además, informaron que en una conferencia de prensa la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, acusó a los trabajadores de recibir “gollerías”, generando malestar y rechazo dentro de los gremios. Los sindicatos también señalaron que, por indicación de la ministra, no se permitió el ingreso de dirigentes sindicales a la conferencia, lo que avivó las tensiones internas.
Los trabajadores resaltan el rol estratégico de Petroperú en el abastecimiento de óleos, especialmente en zonas remotas de selva y sierra, donde la presencia privada resulta limitada por cuestiones de rentabilidad.
Del mismo modo, argumentan que privatizar la operación dejaría al Estado con la carga de las deudas y los riesgos, mientras que los beneficios futuros serían captados por operadores privados.
Petroperú también abastece a la PNP y FFAA en la lucha en la frontera y el Vraem
Los principales reclamos de los sindicatos se centran en la transferencia de los activos de Petroperú a manos privadas, el saneamiento financiero previo con recursos públicos y la falta de transparencia sobre los costos operativos a futuro.
Además, advierten que la “privatización” -término que comparten con diversos especialistas hidrocarburíferos del país- podría comprometer el abastecimiento a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y poblaciones vulnerables, funciones que actualmente realiza la empresa estatal como parte de su rol estratégico.
Entre los cuestionamientos, el STAPP (Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú) señala que el Decreto de Urgencia presenta serios problemas de constitucionalidad y exige su revisión o derogatoria. Así, el sindicato rechaza la estigmatización de los trabajadores y demanda diálogo efectivo con las autoridades para resolver la crisis.
“Petroperú cumple un rol estratégico para la seguridad energética nacional. Asegurar el abastecimiento de combustibles es un objetivo país que requiere decisiones técnicas, previsibles y respetuosas del marco constitucional”, manifestaron.
Dudas sobre el futuro de la Refinería de Talara y rol de ProInversión
El retiro de Unna Energía S.A. del procedimiento concursal ante Indecopi y declaraciones atribuidas a personal de ProInversión sobre la posible transferencia de la Refinería de Talara al sector privado han incrementado la incertidumbre.
Los sindicatos dijeron demandar “información clara, documentación pública y explicaciones” sobre el cronograma y las condiciones de cualquier eventual traspaso de activos.
Finalmente, los trabajadores del STAPP, el sindicado más grande de la petrolera, expresaron su malestar por el protagonismo apotado por ProInversión en la comunicación sobre el futuro de Petroperú, al considerar que las declaraciones “no siempre están debidamente sustentadas y generan tensión social”.
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