En medio de la controversia nacional generada por la denuncia de agresión presentada por la madre de Samahara Lobatón contra el cantante Bryan Torres, el estudio Salas Beteta Abogados anunció públicamente que asumirá la defensa del salsero.
A través de un video difundido en sus redes sociales, el bufete remarcó que su principal objetivo será demostrar cómo la presión mediática puede o no influir en la actuación de fiscales, jueces y otras autoridades del sistema de justicia.
“Vamos a poner a prueba con nuestro trabajo cómo es que la presión mediática influye o no en las decisiones de fiscales, jueces y diversas autoridades vinculadas al sistema. ¿Buscamos la verdad? Sí, pero no bajo la presión mediática. No porque las redes reclaman cárcel debe aplicarse en este caso”, afirmó uno de los abogados del estudio.
El anuncio se da en un contexto de alta sensibilidad social, donde la denuncia y los videos difundidos han generado una ola de indignación y exigencias de justicia inmediata por parte de la opinión pública.
Defensa de salsero dice que no corresponde cárcel
El caso ha tenido un fuerte eco en medios de comunicación y plataformas digitales. La viralización de las imágenes, sumada a los testimonios y pedidos de justicia, ha generado una presión social inédita sobre las autoridades. La defensa de Bryan Torres insiste en que la cobertura mediática no debe ser el factor determinante en la toma de decisiones judiciales.
“No corresponde dictar cárcel solo por reclamos en redes”, recalcó el abogado, quien insistió en que la labor de jueces y fiscales debe basarse exclusivamente en la valoración objetiva de las pruebas, sin dejarse influenciar por la indignación pública o el linchamiento mediático.

Melissa Klug pide impedimento de salida para Bryan Torres
La reacción más conmovedora llegó de la mano de Melissa Klug, madre de Samahara, quien se enlazó en vivo con el programa ‘Amor y Fuego’. Con la voz entrecortada, la empresaria pidió a las autoridades que dicten un impedimento de salida del país para Torres, ante el temor de que pueda fugarse mientras se desarrollan las investigaciones.
“Él ha intentado matar a mi hija, estoy hablando con los fiscales, pero no entiendo por qué se demoran tanto. Yo tengo personas que me dicen que se va a escapar del país, se va a ir, están tratando de llevárselo. ¿Por qué no le ponen un impedimento de salida? ¿Por qué no lo agarran mientras van avanzando las investigaciones?”, expresó Klug, visiblemente afectada.
‘La Blanca de Chucuito’ también confesó que desconocía la magnitud de la violencia sufrida por su hija y lamentó no haber intervenido antes.
“Le pedí que por favor se alejara de él, para que pueda salir de esa dependencia emocional. Que a la próxima la iba a encontrar en un ataúd, no quería eso”, añadió, mostrando el temor de muchas madres frente a casos de violencia de género.

Por su parte, la abogada y excongresista Rosario Sasieta instó a la Fiscalía a actuar de oficio y dictar prisión preventiva para Bryan Torres por tentativa de feminicidio.
Sasieta enfatizó la gravedad de los hechos denunciados: “Se ha cometido el delito de feminicidio en grado de tentativa, él ha podido matarla. En este caso hay tres hechos: cuando él la tapa con la almohada para obstaculizar las vías respiratorias; cuando la amarraba con las sábanas para neutralizar sus movimientos; y luego cuando se aguanta de lanzarle la plancha, porque si no hubiera sido así hoy estaría muerta”.
Sus declaraciones reflejan el sentimiento de urgencia y protección hacia las víctimas de violencia de género, y reavivan el debate sobre la rapidez y contundencia del sistema judicial peruano ante estos casos.
¿Proceso justo o juicio mediático?
La defensa legal de Bryan Torres ha centrado su estrategia en exigir un proceso justo y sin interferencias externas. El bufete Salas Beteta Abogados sostiene que la búsqueda de la verdad debe realizarse en un entorno equilibrado, donde los jueces y fiscales actúen conforme a las pruebas y el derecho, y no por la presión de la opinión pública.
Sin embargo, la sociedad y las familias de las víctimas reclaman celeridad y firmeza ante la evidencia de agresión, señalando que la impunidad y la demora judicial pueden poner en riesgo la vida de las mujeres afectadas.
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