Un reciente proyecto de ley impulsado por el congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino, ha desatado una ola de críticas en el sector minero y de seguridad nacional. La iniciativa propone la creación de la denominada “minería con prácticas ancestrales”, un esquema que diversos especialistas califican como un “Reinfo 2”.
Bajo un discurso de identidad cultural e interculturalidad, la norma busca formalizar a mineros artesanales y pallaqueras a través de dos nuevos padrones: el Registro Integral Formalizado de Microproductores Mineros Ancestrales (RIFMMA) y el Registro Integral Formalizado de Personas Pallaqueras Mineras (RIFPePM).
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Explosivos e insumos químicos sin control
El punto más alarmante de la propuesta reside en el artículo 26, el cual desmantela los mecanismos de seguridad y trazabilidad del mineral al otorgar exenciones explícitas de controles fundamentales.
De aprobarse esta ley, los denominados “mineros ancestrales” quedarían exonerados de presentar permisos para el uso de explosivos, una medida que facilita el acceso a materiales letales sin supervisión estatal.
Asimismo, se anula la exigencia de autorizaciones para la adquisición, transporte y comercialización de insumos químicos destinados al procesamiento, lo que podría favorecer el desvío de sustancias hacia actividades ilícitas sin dejar rastro administrativo.
El fin de los estudios de impacto ambiental
La iniciativa también propone un quiebre en la normativa ecológica al permitir que estos mineros operen sin presentar ningún instrumento de gestión ambiental, como la DIA, el EIA o el IGAFOM. En lugar de someterse a la fiscalización ambiental vigente, el proyecto de Sánchez Palomino plantea la creación del Fondo de Remediación Ambiental y de Asistencia Técnica (FORAT).
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Este mecanismo pretende que las obligaciones ambientales sean canjeadas por un aporte monetario obligatorio del 5% del valor de las ventas para microproductores y del 2% para pallaqueras, eliminando la vigilancia técnica sobre el terreno.
Exonerados de impuestos
En el ámbito económico, la propuesta contempla beneficios tributarios que distorsionan el mercado minero nacional. Los mineros calificados bajo este nuevo régimen estarían totalmente exonerados del Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto General a las Ventas (IGV).
Además, los titulares de concesiones que firmen contratos de asociación con ellos recibirán tasas preferenciales de IR. Sumado a esto, el proyecto busca limitar las medidas de interdicción, como la destrucción de maquinarias o insumos ilegales, y acciones de ntervención administrativas “por parte de autoridad alguna”.
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Una puerta abierta a la informalidad
La propuesta de Roberto Sánchez ha sido cuestionada por replicar y agravar las deficiencias del actual Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Entre las similitudes más preocupantes se encuentra la incorporación automática, que permite a quienes ya tienen el Reinfo vigente o suspendido trasladarse directamente a este nuevo padrón “ancestral” para evadir sanciones previas.
La validación de estos mineros se basaría nuevamente en declaraciones juradas, un sistema que ya ha demostrado ser insuficiente y propenso al fraude. Recordemos que en el 2020, cada reinfo debía declarar semestralmente su producción de oro. Sin embargo, miles de inscritos en el programa no lo cumplieron, lo cual evidenció la falta de fiscalización estatal en una iniciativa fallida que se creó hace trece años.
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