
Un nuevo paro de transportistas sacudirá la semana que viene a Lima y Callao, según confirmaron representantes de este gremio, tras los reiterados atentados. La fecha anunciada inicialmente por Martín Ojeda, vocero de Transporte Unido, fue el jueves 15 de enero. Sin embargo, la mañana de hoy domingo, el dirigente Héctor Vargas comunicó que la fecha cambiaría.
De acuerdo a declaraciones de Vargas en RPP Noticias, durante el transcurso de hoy 11 de enero se comunicará la nueva fecha unificada en la que acatarán la medida de fuerza ante la ola criminal. Detalló que la paralización sería este miércoles 14 o viernes 16.
Más allá de la fecha, está confirmado que ese día un grueso de la empreas de transporte paralizarán sus operaciones desde las 00:00 horas en protesta por la inseguridad y los ataques criminales contra conductores y cobradores. El impacto se sentirá en todo Lima y Callao, con la ausencia de más de 12 mil buses y cústers.

Transportes Unidos, organización que agrupa a numerosas empresas y rutas principalmente de los conos de la capital, lidera la convocatoria y advierte que la medida afecta a líneas emblemáticas como La 50, Santa Catalina, Cristo Pachacamilla, Edilberto Ramos, El Urbanito, Nueva América, Huáscar, El Rápido y Nuevo Perú, entre otras.
La concentración de buses está prevista en puntos estratégicos de ambas jurisdicciones, lo que aumentará la presión sobre el sistema de transporte público.
Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, señaló que en los últimos nueve días al menos ocho ataques violentos afectaron a trabajadores del rubro, sin que las autoridades ofrezcan respuestas claras. “No vemos ningún avance real en la lucha contra la extorsión y el sicariato. Los ataques continúan y necesitamos acciones concretas”, manifestó el dirigente.

“Apagado de motores”
La movilización cuenta también con el respaldo de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet Perú), cuyo presidente, Julio Rau Rau, explicó que la modalidad de protesta será un “apagado de motores” generalizado, sin marchas en las calles, pero con una comisión de representantes que acudirá al Congreso.
“Lamentablemente, los delincuentes han vuelto a atacar, disparando a los choferes tanto en Lima como en el Callao. El estado de emergencia finalizó en diciembre y, aunque el Gobierno prometió ampliarlo, hasta ahora no hay señales de acción. Por eso, todas las empresas de transporte urbano de los cuatro conos hemos acordado paralizar”, expresó Rau Rau.
El reclamo central de los gremios apunta a exigir una mayor presencia policial, acciones efectivas contra la extorsión y garantías mínimas para trabajar sin temor.

Según Ojeda, cerca del 80 % del sector transportista se ve forzado a pagar cupos a organizaciones criminales, con montos que oscilan entre 10 y 30 soles diarios. “Aunque en algunos pocos casos se ha reducido, ahora exigen esos montos”, detalló.
Además, reveló que los atentados suelen suceder en los horarios de cambio de turno policial, específicamente entre las 18:00 y 23:00 y entre las 6:00 y 8:00, según información proporcionada por la propia Policía Nacional.
El origen de la protesta está vinculado a una “racha” de homicidios que, de acuerdo con Ojeda, deja un fallecido por día en el gremio de transporte público, lo que califica como una situación peor que la vivida durante los anteriores paros de octubre y noviembre del año pasado.
“Nos encuentran totalmente desprotegidos”, subrayó el dirigente, quien recalcó que las bandas criminales han llegado a utilizar armas de guerra contra los trabajadores.

Postura del gobierno
El Gobierno, a través del presidente José Jerí, asegura que está cumpliendo con el plan de seguridad ofrecido al sector. Afirmó que los indicadores de delincuencia muestran una tendencia a la baja y que próximamente se presentarán cifras oficiales junto con el Plan de Seguridad Nacional, que regirá hasta julio de 2026.
“Tenemos un plan que habíamos ofrecido en su momento a los transportistas que estamos cumpliendo. El Ministerio del Interior va a conversar como siempre con ellos para poder atender cualquier tipo de situación que se pueda presentar”, sostuvo el mandatario.
Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, declaró que el gobierno mantiene un proceso de diálogo con los gremios convocantes. Desde Chiclayo, Tiburcio reconoció que la criminalidad representa un desafío nacional y que el Ejecutivo realiza esfuerzos para enfrentar la inseguridad, aunque ratificó el respeto del gobierno a la decisión de los sindicatos de movilizarse.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto álvarez, aportó otra perspectiva al debate público al considerar que la movilización responde a intereses políticos y la vinculó con el calendario electoral. “No es un tema que pueda ser solucionado con uno, con dos o con tres paros”, sostuvo.

En tanto, Martín Ojeda reiteró que la paralización es “muy difícil” de suspender e insistió en que la medida representa un “grito desesperado” ante el incremento de muertes y la falta de respuesta estatal.
La protesta abarcará los conos norte, sur, este y oeste, cubriendo prácticamente la totalidad del área metropolitana de Lima y Callao. El paro amenaza con paralizar gran parte del sistema de transporte urbano y podría ser el inicio de nuevas medidas si las autoridades no responden a las demandas planteadas por los gremios, que insisten en la urgencia de proteger la vida de conductores, cobradores y pasajeros.
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