La familia de Lizeth Marzano formalizó este viernes 27 de febrero ante la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro un pedido de prisión preventiva por nueve meses contra Adrián Villar Chirinos en el marco de la investigación por la muerte de la deportista.
En el escrito, que fue difundido por Canal N, los abogados Julio César Mendoza Herrera y Carlos Miguel Grados La Rosa solicitan al Ministerio Público que formule el requerimiento de prisión preventiva ante el juzgado correspondiente y afirman que el plazo de nueve meses constituye el máximo legal previsto para este tipo de medida.
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La defensa argumenta que existen graves elementos de convicción que vinculan al investigado con los hechos y que la prognosis de pena superaría los cinco años de privación de libertad.
Además, subrayan el riesgo procesal vinculado al peligro de fuga: el investigado se retiró del lugar del accidente sin identificarse como conductor, lo cual impidió diligencias inmediatas, como el dosaje etílico.
Según el documento, el 21 de febrero, a las 5:00 a.m., Villar Chirinos se trasladó a Cajamarca, lo que demostraría su facilidad de desplazamiento fuera de la jurisdicción.
El abogado Carlos Grados indicó que la detención preliminar de Adrián vence el domingo y que el fiscal puede presentar el requerimiento de prisión preventiva antes del término del plazo legal.
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El escrito presentado por la defensa de la familia sostiene que, aproximadamente tres horas después del accidente, el investigado fue ubicado en el inmueble de Francesca Montenegro, donde también se encontraban Rubén Villar Froletz, Marisel Linares y Juan Montenegro Bacigaluppi.
La presencia de un abogado y personas cercanas en ese momento evidencia, según la parte agraviada, posible coordinación previa a la intervención formal de las autoridades. También se hace referencia a la actuación de los efectivos Servan Noa José y Matencio Arteaga Jhon, cuyos nombres aparecen en el documento.
Estos hechos configuran, según la defensa, un riesgo procesal concreto vinculado a la obstaculización de la actividad probatoria, uno de los presupuestos que habilitan la prisión preventiva conforme al Código Procesal Penal.
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Notaría niega haber tramitado contrato de donación de vehículo
La notaría Carpio Vélez descartó haber gestionado algún trámite legal relacionado con la transferencia del vehículo de placa C4L-243 entre Marisel Linares Chávez y Adrián Villar Chirinos, ambos señalados en la investigación por la muerte de Lizeth Marzano.
Mediante un comunicado oficial del 27 de febrero de 2026, la institución aclaró que, tras revisar sus archivos y registros electrónicos, no halló ninguna escritura pública, acta de transferencia, factura ni consulta biométrica que respalde la supuesta cesión del automóvil.
Linares sostuvo previamente que el auto dejó de estar bajo su control desde septiembre de 2025 y alegó que lo entregó a una tercera persona. El día del accidente, el conductor identificado fue el hijastro de Linares.
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Frente a estas irregularidades y las dudas sobre la titularidad del vehículo, la familia de Marzano solicitó al Ministerio Público prisión preventiva por nueve meses para Villar Chirinos, señalando graves elementos de convicción y riesgo de fuga.
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