Ernesto Álvarez descarta existencia de leyes ‘pro crimen’: “Es un relato de cierto sector de la izquierda comprometido con la corrupción”

Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, rechazó la existencia de leyes denominadas ‘procrimen’ y cuestionó la narrativa impulsada por sectores de la izquierda, a quienes acusó de buscar proteger intereses vinculados a la corrupción. Durante una reciente entrevista, afirmó que la idea de que el Congreso aprueba leyes que benefician a la criminalidad responde a un relato político y no a hechos concretos.

“Es un relato de cierto sector de la izquierda comprometido con la corrupción. Se trata de una nueva edición, como una serie de Netflix, que pretende instalar la existencia de leyes procrimen, pero la realidad es otra: el Congreso ha derogado leyes abiertamente inconstitucionales, como la pérdida de dominio”, señaló Álvarez en diálogo con Expreso.

En esa línea, defendió la modificación de la llamada ley de extinción de dominio, que permitía la incautación de bienes de personas investigadas por delitos antes de que existiera una sentencia judicial. “Esa ley servía para que malos fiscales atemorizaran a empresarios, quitándoles sus propiedades y empresas, presionándolos para que acusen a adversarios políticos”, afirmó.

También se refirió a la limitación de plazos para la colaboración eficaz, señalando que establecer un tiempo máximo de dieciséis meses para este procedimiento no constituye una ley procrimen, sino una garantía procesal. “No se puede permitir que las investigaciones se prolonguen indefinidamente. En casos como el de la exalcaldesa [Susana] Villarán, la falta de sentencia perpetúa la impunidad y retrasa la justicia”, sostuvo.

“Esas normas les otorgaban poder a personas que nunca se presentan a elecciones y que siguen detentando un inmenso poder al interior del Estado. Son grupos dispuestos a cualquier cosa para asegurar su inmunidad”, agregó.

Advirtió sobre la existencia de “un grupo inmisericorde que opera dentro del Estado y está dispuesto a todo para mantener su protección”. Consideró que esa es una de las razones por las que procesos emblemáticos se extienden indefinidamente y no se dictan sentencias. “El caso Villarán es paradigmático. Hay procesos e investigaciones que parecen destinados a nunca culminar en una sentencia, como ocurre con la exalcaldesa de Lima. Mientras no se dicte una sentencia, no se establece la culpabilidad de empresas como Odebrecht, lo que resulta funcional a quienes desean evitar que se conozca toda la verdad”, afirmó Álvarez.

¿Cuáles son las llamadas ‘leyes pro crimen’?

Diversos sectores, como la Asociación Civil Transparencia y la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, aseguran que sí existen leyes pro crimen. Consideran que la aprobación de estas leyes ha debilitado la institucionalidad democrática y dificultado la persecución del crimen organizado, ya que reducen las herramientas para perseguir delitos graves y pueden generar condiciones de impunidad.

Entre las leyes cuestionadas se encuentran la Ley 31990 (colaboración eficaz), Ley 32107 (crímenes de lesa humanidad), Ley 32181 (eliminación de la detención preliminar), Ley 31751 (recorte de plazos de prescripción), Ley 32108 (nueva tipificación de crimen organizado) y Ley 32182 (sanciones a fiscales y jueces). Adicionalmente, la Ley 31989 limita la incautación de materiales de minería ilegal, aumentando el riesgo para la seguridad pública.