El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se pronunció sobre el nuevo paro de transportistas anunciado para este 15 de enero, y sostuvo que detrás de esta medida existirían intereses políticos y electorales, además de disputas internas dentro del propio sector. Las declaraciones fueron brindadas en diálogo con el programa 24 Horas, en el marco de la creciente preocupación por el impacto que tendría una paralización del transporte público.
Según explicó el premier, la convocatoria a esta movilización no responde únicamente a demandas vinculadas a la inseguridad ciudadana, sino que coincide con el inicio de un periodo de campañas políticas, tanto parlamentarias como regionales y municipales. En ese contexto, advirtió que algunos actores estarían utilizando el paro como una plataforma con fines distintos a los estrictamente gremiales.
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Intereses políticos y disputas internas
“Evidentemente no solo hay un tema político, hay un tema de apremio por las campañas, no solamente la parlamentaria, sino también por las elecciones regionales y municipales. Hay muchos intereses políticos, además de la dinámica interna dentro de la misma actividad de transportes, donde hay puznas y fuertes intereses contradictorios”, afirmó Álvarez a 24 Horas.
El jefe del Gabinete Ministerial señaló que, desde la perspectiva del Ejecutivo, la medida de fuerza anunciada no tendría la capacidad de resolver el problema de fondo que enfrenta el país en materia de seguridad ciudadana. En ese sentido, insistió en que la criminalidad es un fenómeno estructural cuya solución requiere políticas sostenidas en el tiempo.
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“No hay forma en que un paro pueda solucionar el tema de la inseguridad. Es un tema nacional que está siendo atacado, pero los resultados tangibles se verán al cabo de varios años, no con uno, dos o tres paros”, subrayó.
Dirigentes con aspiraciones electorales
Durante el análisis del caso, también se recordó que algunos dirigentes que hoy encabezan la convocatoria al paro ya lideraron movilizaciones similares en el año anterior. En ese entonces, negaron tener motivaciones políticas; sin embargo, con el paso de los meses, algunos de ellos habrían iniciado procesos para postular a cargos públicos.
De acuerdo con lo expuesto en 24 Horas, uno de los dirigentes del sector incluso solicitó licencia a su gremio para postular a la Cámara de Senadores, lo que refuerza la tesis del Ejecutivo sobre la existencia de un componente electoral en la protesta.
No obstante, desde el propio análisis periodístico se remarcó que, más allá de los intereses políticos señalados por el Gobierno, el sector transporte continúa siendo blanco de la criminalidad organizada, situación que alimenta el descontento de los trabajadores.
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Extorsiones a transportistas no paran
En los primeros días del año 2026, se han registrado ocho atentados contra empresas de transporte, lo que evidencia que las extorsiones y ataques armados siguen afectando directamente a este sector. Este escenario ha sido utilizado por los gremios como uno de los principales argumentos para justificar la paralización.
Si bien el premier reconoció que la preocupación de los transportistas es legítima, insistió en que la paralización no constituye una solución efectiva. “Ellos lo ven como una llamada de atención al Ejecutivo, porque sienten que no se ha cumplido con los compromisos asumidos”, explicó el titular de la PCM.
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Transportistas coludidos con bandas criminales
Uno de los puntos más sensibles de las declaraciones del premier fue la advertencia sobre la presunta colusión de algunos transportistas con bandas de crimen organizado. Álvarez sostuvo que, así como existen malos elementos en otras instituciones, también los habría dentro del sector transporte.
“Así como hay malos policías y malos fiscales, también hay malos transportistas que dan información o incluso integran bandas criminales. El sector transporte es muy complejo y está teñido de informalidad”, afirmó para el citado medio.
Finalmente, el titular de la PCM indicó que el Ejecutivo mantendrá canales de diálogo con los dirigentes en los días previos al 15 de enero, aunque reconoció que, según experiencias anteriores, cuando un paro es anunciado suele ejecutarse. De concretarse la medida, el Gobierno deberá afrontar el impacto que generaría un “apagón de motores” de más de 12 mil unidades, con consecuencias directas para los usuarios del transporte público en la ciudad.
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