La inseguridad ciudadana no solo se traduce en delitos o percepción de riesgo, sino que tiene un impacto directo y medible sobre la economía familiar y empresarial.
Un reciente análisis de Scotiabank, basado en datos internos y públicos, advierte que en zonas con altos índices de criminalidad la morosidad puede incrementarse hasta en 30%, mientras que el acceso al crédito se reduce hasta 40%.
Esta situación repercute en el encarecimiento del financiamiento y limita la inclusión financiera, especialmente para los hogares y pequeños negocios.
La inseguridad ciudadana agrava la morosidad en el sistema financiero peruano
El estudio muestra una correlación directa entre los niveles de inseguridad y el desempeño crediticio. En promedio, la relación entre criminalidad y morosidad alcanza el 56%, y se incrementa hasta 60% en los segmentos masivos, donde las familias y emprendimientos son más sensibles a los efectos económicos de la delincuencia.
Esto significa que, cuanto mayor es la inseguridad en una zona, más difícil resulta para sus habitantes y empresarios cumplir con sus obligaciones financieras.
El efecto sobre el sistema financiero es sustancial. Según estimaciones de Scotiabank, el exceso de morosidad vinculado a contextos de alta criminalidad representaría cerca de S/ 5.500 millones en créditos impagos, de los cuales el 87 % corresponde a créditos revolventes (como tarjetas de crédito) y el 13 % a créditos no revolventes (préstamos personales o empresariales).
De acuerdo con el análisis del banco Scotiabank, este monto refleja no solo el deterioro de la capacidad de pago, sino también el costo social y económico de la inseguridad.
Scotiabank: correlación entre crimen y morosidad alcanza niveles críticos
En estas zonas, la criminalidad genera costos adicionales que afectan la liquidez de familias y negocios: mayor gasto en seguridad privada, contratación de seguros, menor afluencia de clientes y reducción de los ingresos.
Esta combinación incrementa la morosidad entre 1,1 y 1,3 veces, lo que a su vez encarece el costo del crédito, ya que el riesgo asumido por las entidades financieras es mayor. El resultado es un círculo vicioso: la inseguridad limita la colocación de créditos, la menor inversión reduce las oportunidades y aumenta la vulnerabilidad económica.
El análisis también revela que la colocación de créditos en territorios críticos cae entre 30% y 40%. Esto restringe el acceso a servicios financieros formales y frena el desarrollo económico local.
Las familias y pequeños negocios quedan atrapados en la informalidad o dependen de fuentes de financiamiento más costosas y riesgosas, en un escenario donde la inseguridad actúa como una barrera adicional para la inclusión financiera.
La criminalidad persistente provoca caída en las colocaciones bancarias formales
En 2025, el Perú se aproxima a las 250.000 denuncias penales, con un promedio que supera las 732 denuncias diarias a nivel nacional. Lima Metropolitana lidera la cantidad de delitos reportados, seguida por Lima provincia, Arequipa, Cusco, Lambayeque, Piura y Junín, según el Ministerio del Interior (Mininter).
Entre los delitos más comunes figuran la extorsión, el robo, el hurto, las amenazas, las lesiones y los asesinatos. La inseguridad ciudadana sigue en aumento pese a los cambios de gobierno, la aplicación de estados de emergencia, las modificaciones legales y el incremento de operativos policiales.
Las políticas de “mano dura” y los refuerzos en los operativos no han logrado reducir de forma significativa los índices de criminalidad. El promedio diario de homicidios creció a 5,46 durante el periodo de estado de emergencia.
Entre las causas estructurales de la crisis destacan la proliferación de armas de fuego, la escasez de recursos policiales, la corrupción, la saturación del Poder Judicial, el hacinamiento penitenciario y la debilidad institucional.
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