La bancada de Perú Libre en el Congreso anunció que presentará de una moción de censura contra el presidente interino José Jerí Oré, luego de que su administración publicada el Decreto de Urgencia N° 010-2025, que permite la privatización de activos clave de Petroperú.
Según el comunicado del partido, la denominada “reestructuración patrimonial” impulsada por el Ejecutivo representa una “privatización encubierta” que, en opinión de la bancada, pone en riesgo la seguridad energética nacional y la soberanía del país.
El partido sostuvo que el decreto busca fragmentar Petroperú y transferir sus activos estratégicos a grupos de poder económico con fines de lucro, lo que perjudicaría el interés público. La bancada advirtió que la medida implicaría la pérdida de la Refinería de Talara y la posible desaparición de la empresa estatal.
“Esta ilegítima ‘reestructuración’ conlleva la pérdida de activos vitales como la refinería de Talara, la más moderna de Latinoamérica, dejando al Estado sin empresa petrolera nacional y obligándolo a depender del sector privado para abastecer de combustibles a las zonas más alejadas del país, un servicio que Petroperú brinda actualmente sin costo para el erario público.”
La bancada de Perú Libre también indicó que “defender a Petroperú es defender el patrimonio de la nación y la soberanía energética de nuestro país”.
¿Qué dice el decreto sobre Petroperú?
Según el Decreto de Urgencia N° 010-2025, se dispone la “reestructuración patrimonial” de Petroperú mediante la segmentación de sus activos en bloques, habilita su transferencia o gestión a través de esquemas de inversión privada y elimina las restricciones legales que impedían la venta o privatización de la empresa. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) asumirá el control total del proceso, con facultades para definir la modalidad de promoción, seleccionar a los operadores privados y negociar contratos de administración o venta.
El marco legal establece la creación de bloques patrimoniales que agrupan unidades como la Refinería de Talara, Conchán y otros bienes inmobiliarios y activos intangibles. Estos bloques podrán transferirse o gestionarse mediante asociaciones público-privadas, fideicomisos u otros mecanismos legales, lo que permitiría la venta parcial o total de activos estatales.
ProInversión tendrá un plazo máximo de 60 días para aprobar el plan de promoción y ejercerá representación en derechos económicos y políticos sobre los activos de la empresa.
La reorganización impacta de manera directa en los trabajadores. El proceso obliga al directorio de Petroperú a aprobar una nueva estructura orgánica en 30 días, lo que habilita el despido masivo de personal, financiado con hasta 240 millones de soles del Ministerio de Energía y Minas. Actualmente, la planilla asciende a unos 2.500 trabajadores distribuidos en 12 sindicatos, y los salarios mensuales suman al menos 14,2 millones de soles.
Sindicatos contra el intento de “privatización”
El Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) rechazó la eliminación de la representación laboral en el directorio y denunció que estas medidas facilitan la privatización de la empresa.
El sindicato alertó sobre la inestabilidad interna tras la renuncia de Luis Alberto Canales Gálvez al directorio, y señaló la posibilidad de más remociones para facilitar despidos y transferencias. Además, el gremio advirtió sobre el posible conflicto de interés derivado de la relación de Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas, con ProInversión, entidad a la que deberá regresar al concluir su gestión ministerial.
Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, calificó el proceso como un “descuartizamiento” de Petroperú y manifestó: “¿Es una privatización de Petroperú? Finalmente, sí”, afirmó en RPP.
César Gutiérrez, expresidente de la compañía, afirmó que los ingresos proyectados serían insuficientes frente a deudas superiores a 2.500 millones de soles y advirtió sobre posibles problemas en el suministro de combustibles en regiones como Tumbes, Piura y Loreto. También señaló la presión fiscal que supondría un nuevo rescate antes de cuatro meses si la empresa no consigue financiamiento adicional.
Minedu en la mira
El congresista Segundo Montalvo señaló que, además de la censura contra Jerí, también vienen preparando la denuncia para el ministro de Educación, Jorge Figueroa, “por no reglamentar la ley 32390, ley que autoriza el nombramiento excepcional de los docentes de Educación Básica”.
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