Los escándalos que sacudieron el Congreso en este 2025

El año que termina ha sido uno de los más turbulentos para el Congreso de la República, marcado por una sucesión de escándalos que han erosionado aún más la confianza ciudadana en la institución. Desde presuntos actos irregulares cometidos por los legisladores hasta leyes que atentan contra el derecho internacional.

Todo esto conjunto de acciones ha llevado a que, según una encuesta de Proética, más del 80% de los peruanos considera al Parlamento como la entidad más corrupta del país, superando incluso a la delincuencia como principal preocupación. A continuación, un recuento de los principales casos que definieron el año.

Los “mochasueldos”

El fenómeno de los “mochasueldos” –congresistas acusados de obligar a sus trabajadores a entregar parte de sus salarios a cambio de no despedirlos– continuó este 2025, revelando casos de parlamentarios. Algunos, incluso, paradójicamente, buscan la reelección en las elecciones generales del 2026.

Este año salió a la luz el escandalo caso de Lucinda Vásquez, cuyo exasesor Walter Tello dio a conocer que entregó diversas sumas de dinero —400, 500 y hasta 2.500 soles— a la congresista bajo el pretexto de “préstamos personales de urgencia”, montos que, según relató, nunca fueron devueltos. Tello aseguró que otros dos empleados habrían renunciado ante “una serie de irregularidades”, entre ellas el recorte sistemático de remuneraciones.

Conversaciones de WhatsApp mostradas por el dominical Cuarto Poder sustentarían la transferencia de parte de los sueldos de los colaboradores a cuentas de familiares o personas cercanas a Vásquez, e incluso evidencian la participación del hijo de la parlamentaria, Marti Frans Villacorta Vásquez, en algunas gestiones, pese a no estar formalmente contratado.

Como ocurrió en casos anteriores, diversos parlamentarios, incluido el entonces presidente del Congreso Eduardo Salhuana, exigieron sanciones para Vásquez. Sin embargo, el caso en los fueros parlamentarios avanza a paso lento.

El caso de la “cortauñas”: Nuevamente Lucinda Vásquez

En octubre, la congresista Lucinda Vásquez protagonizó un nuevo escándalo al ser captada recibiendo una pedicura de su sobrino nieto y asesor, Edward Rengifo, en su despacho durante horario laboral. Imágenes de Cuarto Poder también revelaron que otro empleado cocinaba en su vivienda. El escándalo cruzó fronteras, con cobertura en medios de Chile, Ecuador y Rusia, generando burlas internacionales.

Vásquez emitió un comunicado negando las acusaciones, asegurando que es una supuesta “víctima de manipulación” y acusando a sus extrabajadores de una “venganza política”. La Comisión de Ética confirmó una segunda investigación en octubre, sumando el corte de uñas a los mochasueldos.

En su momento, Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Ética, adelantó posibles sanciones como suspensión o denuncia constitucional, pero hasta fin de año, nada de ello ha sucedido.

José Jerí: De presidente del Congreso a mandatario interino

La vacancia de Dina Boluarte en octubre catapultó a José Jerí, presidente del Congreso, al cargo de presidente interino. No obstante su ascenso fue cuestionado por las múltiples investigaciones que arrastraba.

La más grave, una denuncia por supuesta violación sexual, fue archivada meses antes de que asuma como mandatario interino por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez.

Además de ese caso, enfrenta una investigación preliminar por presunta desobediencia al no asistir a la terapia psicológica que le ordenó el Poder Judicial como parte de las medidas de protección a favor de la víctima de la presunta violación sexual.

También enfrentó denuncias por corrupción (supuestos sobornos de S/150.000 para proyectos presupuestales) y enriquecimiento ilícito (aumento patrimonial del 1.000% entre 2021 y 2024). Pese a todo ello, fue elegido presidente del Congreso en julio de este año.

Condena por terrorismo a Guillermo Bermejo

Este 2025, el congresista Guillermo Bermejo fue condenado a 15 años de prisión efectiva por afiliación a Sendero Luminoso, dejando un escaño vacío. El parlamentario fue hallado responsable luego de que fuera absuelto en dos oportunidades por la Corte Superior Nacional, fallos que fueron anulados en su momento por la Corte Suprema.

La accesitaria de Bermejo, Zaira Arias, intentó reclamar su escaño sin éxito toda vez que el Reglamento del Congreso impide que un congresista sea reemplazado cuando se traten de condenas por terrorismo.

La inconstitucional Ley de amnistía

En junio, el Congreso aprobó una ley que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Comités de Autodefensa procesados por delitos relacionados con violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000). La iniciativa fue rechazada desde su gestación por instituciones del sistema de justicia, organismos internacionales de derechos humanos y colectivos. Todos coincidieron en que la norma es un retroceso en la lucha contra la impunidad.

El Congreso defendió la medida a través de un comunicado en el que argumentó: “La ley busca cerrar heridas y consolidar la reconciliación nacional, respetando los principios constitucionales”. Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtieron sobre el riesgo de violar tratados internacionales.

Blindajes e inhabilitaciones políticas

En diciembre, el Pleno del Congreso no logró los votos necesarios para inhabilitar por diez años al expresidente Pedro Castillo y a la ex primera ministra Betssy Chávez por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. Ello a pesar de que en su mensaje golpista el exmandatario disponía el cierre inconstitucional del Congreso.

Ese mismo mes, el Pleno concretó su golpe a la Fiscalía e inhabilitó por 10 años de la función pública a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por un documento que se ha comprobado no respaldó ni firmó. Incluso avanzó en su objetivo de imponer una segunda inhabilitación por 10 años.

La destitución exprés de Dina Boluarte

En octubre, el Congreso destituyó a Dina Boluarte de la presidencia de la República tras ser declarada “incapaz moral permanente”. La votación sumó 122 votos a favor de los 130 legisladores. La acusación principal contra Boluarte se centró en su gestión frente al incremento de la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. La mandataria no acudió a ejercer su defensa durante el proceso.

Aunque la vacancia es, para un gran porcentaje de peruanos, lo mejor del 2025, lo cierto es que el Congreso recortó al extremo los plazos para deshacerse de Boluarte. La defensa de la exmandataria denuncia que se vulneró, sobre todo, el derecho de defensa, por lo que ha presentado una demanda de amparo para anular la decisión parlamentaria.