A lo largo del último año, Lambayeque volvió a mirar sus paisajes arqueológicos con sentido de resguardo público. En medio de zonas urbanas y rurales, el territorio mostró tensiones entre crecimiento poblacional y cuidado del patrimonio prehispánico. En ese contexto, el Estado impulsó un conjunto de acciones administrativas orientadas a frenar intervenciones no autorizadas y a ordenar el uso del suelo en áreas con valor cultural. La información oficial detalla un esfuerzo sostenido desde la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de la región.
Las resoluciones incluyeron mecanismos de protección de carácter temporal, planteados como respuesta ante riesgos sobre estructuras y superficies históricas. La política se sustentó en normas vigentes y en verificaciones técnicas que registraron actividades irregulares en varios puntos del territorio. Según el comunicado institucional, “El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, determinó durante el 2025 la aplicación del mecanismo de Protección Provisional a más de 55 sitios arqueológicos, complejos monumentales y paisajes arqueológicos de la región Lambayeque, en defensa patrimonio cultural.” La cifra evidencia el alcance de la intervención pública.
La entidad explicó que cada medida se formalizó por medio de actos administrativos publicados en el diario oficial. El texto destaca que “Estas medidas fueron dispuestas mediante Resoluciones Directorales emitidas por la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, publicadas en el Diario Oficial ‘El Peruano’, conforme a lo establecido en la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento, ante la verificación de afectaciones o riesgos probables que comprometían la integridad de bienes culturales prehispánicos.” Con ello, el sector fundamentó la respuesta frente a escenarios de amenaza comprobada.
Medidas preventivas y alcance territorial
El paquete preventivo incluyó órdenes de paralización inmediata de actividades sin autorización, retiro de estructuras externas colocadas sobre áreas sensibles, incautación de maquinaria, equipos y herramientas, así como refuerzo estructural en zonas con peligro de colapso. También se dispuso señalización con paneles informativos para advertir el carácter cultural e intangible de los espacios intervenidos, recurso dirigido a informar a vecinos y autoridades locales sobre la condición protegida de los sitios.
Las disposiciones se aplicaron en distritos de las provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. Cada caso respondió a problemáticas específicas: invasiones, excavaciones ilícitas, remoción de tierras, construcción de viviendas sin permisos, uso de maquinaria pesada, expansión urbana y prácticas agrícolas fuera del marco normativo. La DDC describió escenarios distintos en áreas urbanas consolidadas, zonas rurales y franjas de expansión agrícola, con impactos directos sobre plataformas, muros y espacios ceremoniales de origen prehispánico.
Para sostener las acciones, el sector organizó inspecciones técnicas y operativos de prevención en coordinación con instituciones del ámbito local y nacional. Integrantes de la Policía Nacional del Perú, municipalidades distritales y provinciales, juzgados de paz y gobernaciones distritales participaron en la ejecución de las órdenes administrativas. El objetivo central consistió en asegurar el cumplimiento de las disposiciones y detener nuevas afectaciones sobre los bienes protegidos, con intervención inmediata cuando se verificó riesgo.
Sitios arqueológicos incluidos en la protección
El listado difundido por la entidad incorpora espacios representativos del mapa cultural lambayecano. Entre ellos figuran Huaca Lagunas en el distrito de Pomalca, el Sitio Arqueológico Huaca Relaiza en Jayanca, Huaca Medina en Cayaltí y Huaca Los Guanilos en Mochumí. También aparece el Sitio Arqueológico Huaca —Sector Oeste en Túcume, el Complejo Arqueológico Monumental Cerro Tambo Real en Pítipo y el Sitio Arqueológico Huaca San Benito en Monsefú. La relación incluye otros puntos distribuidos en las tres provincias mencionadas, todos bajo el mismo régimen de protección provisional.
Cada espacio cuenta con particularidades históricas y contextos territoriales distintos, por lo que la respuesta institucional se adaptó a la naturaleza del riesgo detectado en cada uno. En algunos casos, las órdenes priorizaron el retiro de materiales contemporáneos; en otros, el refuerzo de estructuras para evitar pérdidas. La señalización y la presencia de equipos técnicos buscaron generar un marco de respeto hacia los límites de los sitios, con énfasis en la prevención de intervenciones futuras.
La DDC Lambayeque resaltó que la estrategia se sostuvo sobre una red de coordinación con autoridades y ciudadanía. El pronunciamiento incluyó el mensaje siguiente: “La Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque reafirma su compromiso de continuar articulando esfuerzos con las autoridades competentes y la ciudadanía para garantizar la protección y conservación de estos bienes arqueológicos, que forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación.” El enfoque coloca a la comunidad como aliada en la vigilancia social y en la preservación del legado material de la región.
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