El juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley aprobó la formalización de la investigación preparatoria contra la inhabilitada fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por el caso que el Congreso le inventó para sacarla arbitrariamente del Ministerio Público.
Se trata del caso por el que el Parlamento también procedió a inhabilitarla por 10 años de la función pública: la supuesta intervención de Delia Espinoza en la elaboración y aprobación del Reglamento de actuación fiscal en la investigación del delito.
El Congreso levantó el antejuicio de la fiscal suprema, pese a que documentos internos del Ministerio Público comprobaron que ni ella ni otro fiscal supremo —a excepción del entonces fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena— participó en la creación de dicho documento.
Así, quedó expedito el camino para que el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez procediera a formalizar la investigación contra Delia Espinoza por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, delito de prevaricato, falsedad genérica y usurpación de función pública.
Fuentes adelantaron que Espinoza plantearía una excepción de improcedencia de acción a fin de que el Poder Judicial determine que los hechos no se le pueden atribuir o no constituyen delito, y así el proceso penal se archive definitivamente.
Aprueban formalización
El juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley aprobó la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Delia Espinoza.
En la resolución a la que accedió Infobae, Checkley corrobora que la Fiscalía cumplió con relatar el supuesto hecho ilícito, los datos de la investigada y el plazo de la prescripción, que no ha vencido.
También se consigna que el plazo de la investigación preparatoria es de 120 días naturales, el mismo que vencerá en abril de 2026, aunque cabe la posibilidad de que la Fiscalía de la Nación prorrogue el plazo inicial antes de su vencimiento.
Checkley también dispone que se notifique a la Procuraduría General del Estado para que solicite su constitución como actor civil. Esto con el objetivo de poder requerir una eventual reparación civil.
Con la aprobación de la formalización de la investigación preparatoria, la única institución que podrá archivar el proceso penal es el Poder Judicial. Al finalizar el plazo, la Fiscalía podrá solicitar el sobreseimiento o formular acusación.
Busca anular inhabilitación
Delia Espinoza presentó una demanda de amparo ante la Sala Constitucional de Lima para que se anule la sanción del Congreso que la inhabilitó por 10 años del ejercicio de funciones públicas. La acción alega vulneración de derechos fundamentales y fue admitida tras el fallo parlamentario, que se aprobó con 71 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones.
La demanda sostiene que el Congreso no respetó el debido proceso al tramitar la Denuncia Constitucional N.° 528 en su contra, infringiendo artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Política del Perú y el Código Procesal Constitucional. El petitorio invoca explícitamente el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 139.3, 139.5, 139.14, 158 y 200.2 de la Constitución, además de disposiciones reglamentarias internas del Legislativo.
La Sala Constitucional de Lima evaluará ahora si la actuación del Congreso se ajustó a los estándares de debido proceso que exige el marco jurídico peruano e internacional.
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