La protesta realizada frente a la vivienda del hombre acusado de ahorcar a su perrita ‘Susu’ en el distrito de Independencia culminó con la detención de una persona, luego de un incidente registrado durante la manifestación. El caso, que se viralizó en redes sociales tras la difusión de un video del presunto maltrato animal, generó indignación ciudadana y motivó la movilización de colectivos animalistas y vecinos de la zona.
La concentración se desarrolló en el frontis del domicilio del investigado, identificado como Óscar Balarezo Ávalos, de 66 años. Según informó RPP, el plantón se realizaba de manera pacífica; sin embargo, la situación se alteró cuando se reportó el lanzamiento de objetos contra la fachada del inmueble, lo que originó la intervención de la Policía Nacional.
Presencia policial en manifestación
Fuentes policiales señalaron que, tras el presunto acto de agresión al inmueble, efectivos del orden procedieron a intervenir para restablecer la tranquilidad en la zona. Como resultado de esta acción, una persona fue detenida y trasladada a la Comisaría PNP de Tahuantinsuyo, según indicaron activistas presentes en el lugar.
Los manifestantes expresaron su rechazo al maltrato animal y exigieron que el caso no quede impune. Asimismo, colectivos animalistas reiteraron que continuarán vigilantes del desarrollo de las investigaciones y de las decisiones que adopten las autoridades, en un contexto de creciente sensibilidad social frente a los delitos contra animales domésticos.
Fiscalía investiga presunto maltrato animal
En paralelo a la protesta, la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte informó que abrió una investigación preliminar contra el presunto responsable por los delitos de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres. La investigación se encuentra bajo la supervisión del Ministerio Público y la Policía Nacional, que vienen recabando información para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
El caso de ‘Susu’ cobró notoriedad pública luego de que se difundiera un video en redes sociales donde se observa al dueño de la mascota ahorcándola en plena vía pública. Las imágenes provocaron una rápida reacción ciudadana y múltiples pronunciamientos de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los animales.
Acompañamiento legal
El Consejo Nacional de Protección Animal anunció que asumirá la defensa legal del caso, con el objetivo de buscar una sanción ejemplar contra el investigado. Su representante, Edwin Barrientos, señaló que la legislación vigente contempla penas de entre cuatro y cinco años de prisión en casos de muerte ocasionada por maltrato animal.
Las organizaciones animalistas subrayaron que este proceso será clave para sentar un precedente y reforzar el cumplimiento de las normas de protección animal. En ese sentido, reiteraron su llamado a las autoridades para que el caso sea investigado con celeridad y se garantice una sanción acorde a la gravedad de los hechos.
Investigación fiscal
El Ministerio Público dispuso la ejecución de diligencias urgentes para esclarecer los hechos vinculados al caso de la perrita ‘Susu’. El fiscal provincial Ronald Eduardo Caballero Benites ordenó que efectivos de la comisaría PNP de Tahuantinsuyo tomen declaración al investigado y a los posibles testigos presenciales. Asimismo, solicitó a la clínica veterinaria donde fue atendido el animal la historia clínica y el informe médico correspondiente, con el fin de determinar su estado de salud y las razones que motivaron la eutanasia.
Entre las acciones dispuestas también figura la identificación del médico veterinario que realizó el procedimiento, así como la recopilación de registros de cámaras de seguridad y de los videos que hayan captado el hecho. Estas pruebas permitirán establecer si existió maltrato animal o si la intervención se ajustó a lo permitido por la normativa vigente. En paralelo, la Fiscalía evalúa la versión del investigado, quien sostiene que actuó para evitar un mayor sufrimiento del animal por una presunta enfermedad terminal, a fin de determinar si dicha justificación cuenta con sustento médico y legal y si corresponde establecer responsabilidad penal.
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