ONU alerta retroceso en derechos humanos por ley del Congreso que elimina el enfoque de género en Perú

Lo que para sus impulsores es una “corrección” normativa, para la comunidad internacional representa una seria señal de alarma. Expertos y expertas de la ONU advirtieron que la nueva ley aprobada por el Congreso peruano, que elimina el enfoque de género y lo reemplaza por una noción estrictamente biológica, amenaza con desandar avances conocidos en la protección de derechos humanos, especialmente de mujeres, niñas y personas de género diverso.

Expertos y expertas de Naciones Unidas pidieron formalmente al Gobierno del Perú que observe la “Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, aprobada por el Congreso el 19 de noviembre de 2025. La norma —proyecto de ley 8731/2024— elimina el concepto de género de la legislación vigente y obliga a modificar un amplio conjunto de políticas públicas vinculadas a igualdad, educación, salud y derechos humanos.

Según el pronunciamiento, al sustituir el enfoque de género por el sexo biológico, la legislación debilita las protecciones existentes frente a la discriminación estructural que enfrentan mujeres y personas de género diverso.

De igualdad de género a ‘igualdad de oportunidades’

La ley reemplaza todas las referencias a “igualdad de género”, “equidad de género”, “violencia de género” y “enfoque de género” por el concepto de “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. Para los expertos de la ONU, este cambio no es solo semántico.

Advirtieron que definir la igualdad desde una mirada restrictiva, basada únicamente en el sexo biológico, vacía de contenido los objetivos transformadores de la igualdad de género. Si bien reconocen que la equidad y la igualdad de oportunidades son metas importantes, señalaron que estas no pueden sustituir el enfoque de género como herramienta clave para enfrentar desigualdades históricas y estructurales.

ESI en riesgo

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la eliminación de las referencias a la educación sexual integral (ESI) y a los derechos sexuales y reproductivos. La nueva norma obliga al Ministerio de Educación a implementar una educación sexual “con base científica, biológica y ética”, alineada con las convicciones morales de los padres.

Para las personas expertas de la ONU, garantizar el acceso sin restricciones a la educación sexual integral y a la salud sexual y reproductiva es fundamental para el empoderamiento de mujeres y niñas, así como para prevenir la discriminación contra personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y de género diverso. Alertaron que el reemplazo de la ESI puede abrir la puerta a interpretaciones restrictivas, morales o religiosas, que limiten la prevención de violencia, el embarazo adolescente y la protección frente a situaciones de riesgo.

Restricciones

El pronunciamiento internacional también expresa alarma por las disposiciones que restringen la cooperación del Estado con organizaciones de la sociedad civil que presenten demandas o denuncias contra el Perú. Según advirtieron, la ley podría penalizar arbitrariamente a personas defensoras de derechos humanos y organizaciones que trabajan contra la discriminación y en favor de los derechos de las personas LGBT.

A ello se suma la eliminación del requisito de armonizar las políticas públicas con los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano a través de tratados y convenios ratificados. Para la ONU, este punto representa un retroceso grave en las obligaciones del país en materia de derechos humanos.

Una tendencia regresiva

Las y los expertos señalaron que esta ley se inscribe en una tendencia preocupante de iniciativas legislativas regresivas que no se ajustan a los estándares regionales e internacionales. “Las restricciones a la labor de la sociedad civil, junto con el aparente retroceso en las obligaciones internacionales del Estado, refuerzan una señal de debilitamiento del marco de derechos humanos en el Perú”, advirtieron.

Por ello, instaron al Gobierno a observar la ley y a renovar su compromiso con la igualdad, la no discriminación y los tratados internacionales vigentes.

Ley aprobada en medio de fuerte debate político

La norma fue aprobada por el Pleno del Congreso con 68 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones, y sustituye completamente la Ley 28983, vigente desde 2007. La iniciativa fue impulsada por la congresista Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, quien sostuvo que la reforma devuelve al Estado una “igualdad auténtica” y elimina lo que considera “distorsiones”.

Durante el debate, legisladoras como Susel Paredes advirtieron que la reforma implica un retroceso de décadas y contradice tratados internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que obligan al Estado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Críticas

Organizaciones como el Movimiento Feminista Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán rechazaron la aprobación de la ley. Rocío Gutiérrez, directora de Manuela Ramos, señaló que la norma responde a un intento persistente de retroceder en derechos y aumentar la discriminación.

Desde Flora Tristán, la abogada Clea Guerra advirtió que eliminar el enfoque de género debilita el trabajo realizado durante años para desmontar estereotipos que afectan directamente la vida de las mujeres. “Quita sustento a políticas que buscan enfrentar desigualdades reales”, señaló.

¿Qué cambia con la nueva norma?

Entre otras disposiciones, la ley establece que:

• Todas las entidades del Estado deberán adecuar sus políticas públicas en un plazo máximo de un año.
• El Ministerio de la Mujer deberá emitir lineamientos para aplicar el nuevo enfoque.
• El Ministerio de Economía y Finanzas tendrá 90 días para adecuar su estructura programática.
• Se deroga la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG), que ha guiado acciones de prevención de violencia y reducción de brechas.

Mientras el debate continúa a nivel nacional, la advertencia de la ONU coloca al Perú bajo la lupa internacional y reabre la discusión sobre el rumbo de sus políticas de igualdad y derechos humanos.