Cinco años de cárcel para sujeto que incendió patrullero durante protesta contra el Congreso: deberá pagar S/ 55.000

El Poder Judicial condenó a cinco años de prisión efectiva a Patricio Cardama Febres por haber incendiado un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante una protesta contra el Congreso realizada en el Centro Histórico de Lima. Los hechos ocurrieron el 5 de junio de 2018, cuando una movilización terminó en actos de violencia que obligaron a los agentes a descender del vehículo antes de que fuera prendido en llamas.

La sentencia fue emitida por el 41 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, que también ordenó el pago de una reparación civil de S/ 55.000 a favor del Estado. El fallo se sustentó en registros audiovisuales, diligencias policiales y pruebas incorporadas durante la investigación, que permitieron acreditar la participación directa del sentenciado en los disturbios registrados aquella noche.

Imágenes y pruebas clave que sustentaron la condena por disturbios en el Centro de Lima

Uno de los elementos determinantes en la sentencia fue el material audiovisual difundido por TV Perú, el cual fue incorporado como prueba dentro del proceso judicial. En las imágenes se observa a Patricio Cardama Febres pateando el patrullero de la Policía e incitando a otros manifestantes a sumarse a los actos violentos durante la protesta contra el Congreso. Los registros también muestran el momento en que el vehículo es incendiado, luego de que los efectivos policiales fueran obligados a descender.

Según las actuaciones fiscales, el sentenciado actuó junto a otro integrante del grupo para prender fuego al vehículo policial, acción que generó daños materiales y alteró el orden público en el Centro Histórico de Lima. Estas grabaciones permitieron identificar su participación directa y fueron contrastadas con otros medios probatorios recabados durante la investigación.

Tras los disturbios, Cardama Febres fue detenido junto a otras doce personas, entre ellas un menor de edad, y trasladado a la comisaría de San Andrés, donde permanecieron intervenidos mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Durante el registro policial, los agentes incautaron una botella con líquido inflamable, objeto que fue incorporado como evidencia por su presunta utilización en el incendio del patrullero, de acuerdo con el parte policial y la información consignada en el expediente judicial.

Congreso propone penas de hasta diez años de cárcel por ocultar el rostro en protestas

En noviembre de este año, el Congreso de Perú propuso un proyecto de ley que propone penas de entre ocho y diez años de prisión para las personas que participen en protestas sociales con el rostro cubierto, en un contexto marcado por el incremento de la vigilancia estatal durante manifestaciones públicas. La iniciativa fue presentada por la congresista Elizabeth Medina, del partido oficialista Somos Perú, y se discutió en medio de una mayor presencia de tecnologías de control, como drones con reconocimiento facial, utilizados para monitorear eventos masivos.

El impulso inmediato del proyecto se produjo tras la muerte de Eduardo Ruiz Sanz “Trvko”, ocurrida durante una movilización en Lima, cuando recibió un disparo efectuado por un agente policial que no portaba uniforme. A partir de ese episodio, la actuación de las fuerzas del orden y las respuestas estatales frente a las protestas quedaron bajo mayor escrutinio. En ese escenario, el texto legislativo plantea que el ocultamiento del rostro dificulta la identificación de responsables de posibles delitos y facilita la comisión de actos que alteren el orden público.

La propuesta contempla, además de la pena privativa de libertad, sanciones alternativas como trabajos comunitarios o el pago de multas equivalentes a noventa días del salario mínimo, aunque la cárcel se mantiene como castigo principal para quienes persistan en cubrir su identidad durante manifestaciones. Este debate se desarrolló en paralelo a otras iniciativas similares impulsadas desde el mismo partido, así como a medidas adoptadas por el Ejecutivo, como la declaratoria de estado de emergencia y la suspensión temporal de derechos vinculados a la reunión y la circulación.