El oficialista Somos Perú propone penar con hasta diez años de cárcel a quien se manifieste con la cara cubierta

La vigilancia estatal durante protestas sociales en Perú ha tenido un incremento significativo con la introducción de drones equipados con reconocimiento facial, una práctica que, según publicó La República, busca detectar incidentes en eventos masivos mientras alimenta inquietudes respecto a la protección de la privacidad de los participantes. Esta tendencia a reforzar los mecanismos de control digital coincide con la presentación en el Congreso de una propuesta legislativa que endurece las sanciones contra quienes ocultan su rostro durante manifestaciones públicas.

De acuerdo con La República, el detonante inmediato para la iniciativa fue la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, ocurrida cuando el agente Luis Magallanes disparó contra él sin portar uniforme policial durante una movilización en Lima. Tras este hecho, la actuación de las fuerzas de seguridad y las estrategias estatales frente a las protestas sociales quedaron bajo mayor escrutinio. La propuesta legislativa ingresada en el Congreso, impulsada por la congresista Elizabeth Medina del oficialista Somos Perú, propone penas de ocho a diez años de cárcel para quienes oculten su identidad facial durante actividades de protesta. El medio peruano detalló que la presentación de este proyecto responde al clima de tensión social y a recientes cambios políticos, como la llegada de José Jerí a la presidencia tras la destitución de Dina Boluarte, que han derivado en mayores restricciones sobre derechos civiles.

Los fundamentos del texto propuesto por Medina, citados por La República, se apoyan en la premisa de que el anonimato dificulta la identificación de autores de posibles delitos durante protestas y permite que algunos participantes aprovechen la cobertura del rostro para realizar acciones que puedan alterar el carácter no violento de las manifestaciones. Dentro de la iniciativa legislativa se contemplan alternativas a la prisión, como la realización de trabajos comunitarios o el pago de multas equivalentes a noventa días del salario mínimo. No obstante, la sanción principal prevista es la pena privativa de libertad para quienes persistan en el ocultamiento del rostro en escenarios de protesta.

El contexto político y social en el que se inscribe este proyecto se caracteriza por un creciente rechazo a prácticas represivas y por el debate sobre los límites entre el resguardo del orden público y el ejercicio del derecho a la protesta. La República reportó que esta tensión se refleja en la presentación de otras propuestas legislativas afines. En octubre, el congresista Héctor Valer, también de Somos Perú, presentó una iniciativa que promueve penas de seis a diez años de cárcel para quienes empleen explosivos o pirotécnicos contra policías o civiles durante protestas.

Las justificaciones expuestas en los documentos legislativos, de acuerdo con lo informado por La República, señalan que el objetivo de estas medidas es fortalecer la capacidad de control estatal y asegurar la seguridad ciudadana en contextos que consideran de alta conflictividad. Esta postura ha desatado un debate parlamentario sobre el anonimato en movilizaciones, la proporcionalidad de las sanciones y el respeto de derechos fundamentales.

En paralelo al debate y la tramitación de estos proyectos, el Poder Ejecutivo adoptó nuevas políticas de control. El presidente José Jerí declaró el estado de emergencia el 22 de octubre, con lo cual se suspendieron temporalmente varias garantías constitucionales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y las libertades de reunión y circulación, según consignó La República. A esta decisión se agregó la implementación de tecnologías de monitoreo y vigilancia, que abarcan software de reconocimiento facial y el uso de drones en eventos públicos, oficiales y manifestaciones.

El auge de la movilización social en el país no se limita a un solo sector. Al mismo tiempo, agrupaciones de transportistas intensificaron su agenda de protestas. Según indicó La República, la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani) convocó un nuevo paro nacional programado para el viernes, con el objetivo de demandar mayores medidas de garantía frente a casos de extorsión y violencia que afectan a los conductores en territorio nacional. Esta medida se suma a otras acciones previas impulsadas por el gremio, lo que exhibe la gravedad y persistencia de los reclamos.

El análisis de La República señala que la convergencia de la protesta social, el endurecimiento de las políticas de seguridad y la adopción de nuevas tecnologías de monitoreo imprime presión tanto al poder legislativo como al ejecutivo. El detonante principal de esta dinámica se encuentra en la percepción de inseguridad y en el cuestionamiento ciudadano respecto al proceder policial, especialmente en lo relativo a protestas colectivas con alta participación juvenil, identificadas por el medio como correspondientes a la denominada Generación Z.

El debate sobre el derecho al anonimato en manifestaciones, la proporcionalidad de las penas propuestas y la utilización de tecnología para vigilar manifestaciones continuará en los próximos días dentro del Congreso y en la discusión pública, mientras el país se enfrenta a una fase de marcada agitación social y revisión de las garantías civiles. La cobertura de La República destaca que las iniciativas legales en curso y el reforzamiento de la vigilancia estatal configuran un panorama en el que las respuestas a la protesta social se centran en mayores restricciones y sanciones tanto legales como tecnológicas.