El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, respondió con firmeza y serenidad ante el anuncio de una ola de denuncias y acciones legales impulsadas por Acción Popular tras la anulación de sus elecciones primarias. En declaraciones a la prensa, resaltó que como entidad actuaron con objetividad.
“Estamos totalmente tranquilos porque, como pleno del JNE, venimos trabajando con total independencia, transparencia e imparcialidad respecto a todos los competidores. Eso se debe respetar. No se debe olvidar que la máxima autoridad en materia electoral es el JNE”, afirmó poco después de participar en la firma del Pacto Ético Electoral.
Sus declaraciones se dan luego de que el Comité Ejecutivo Nacional emitiera un comunicado oficial ratificando que defenderán su derecho de participación política y la vigencia de su inscripción ante el órgano electoral. El partido de la lampa anunció la puesta en marcha de una estrategia integral compuesta por una acción de amparo constitucional, la presentación de una denuncia penal y la realización de una auditoría financiera profunda sobre la administración de sus recursos durante los últimos dos años.
¿Qué busca Acción Popular?
La acción de amparo, presentada por Edmundo del Águila, exsecretario general de la agrupación, tiene como objetivo revertir la anulación de las elecciones primarias y asegurar la continuidad de Acción Popular en el proceso electoral. La demanda sostiene que la resolución del JNE vulneró derechos fundamentales, entre ellos el derecho de participación política y de elegir y ser elegido, el debido procedimiento y la presunción de inocencia. Según se precisa en el documento remitido, “la máxima sanción que puede aplicarse a una organización política es suprimirla de la arena política del país, al negarle su participación y forzando la pérdida de su inscripción”.
A la par, el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Popular dispuso la apertura de un proceso de expulsión de oficio contra los implicados en el presunto fraude y la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía. Entre los nombres señalados figura Cinthia Pajuelo Chávez, así como los delegados acusados de suplantación y todos aquellos que resulten responsables de las irregularidades denunciadas. Esta ofensiva legal busca, además, reforzar los mecanismos internos de transparencia y control partidario.
Uno de los puntos clave de la respuesta institucional ha sido la orden de realizar una auditoría integral a las finanzas internas, abarcando ingresos y gastos, tanto por fondos públicos como por aportes y rentas de la organización, correspondiente al periodo de noviembre de 2023 a diciembre de 2025. Según el comunicado oficial, “el control financiero es una medida preventiva clave en un contexto de alta fiscalización electoral”.
En paralelo, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, adelantó que presentará una denuncia constitucional contra Roberto Burneo, acusando al presidente del JNE de infringir el marco constitucional. “Si no se respeta la Constitución, esa persona será procesada ante las instancias pertinentes por ese agravio”, señaló López, en referencia directa al máximo responsable del órgano electoral.
Asimismo, Fernando Arias-Stella y Juan José Abad Cabrera, personero legal y secretario general nacional, interpusieron un recurso ante el JNE solicitando la nulidad de la resolución que anuló el proceso y advirtiendo que tal decisión afecta los derechos políticos y el debido procedimiento de la militancia; mientras que el presidente del partido, Julio Chávez adelantó que acudirá ante el Tribunal Constitucional (TC).
En un pequeño mensaje, publicado a través de sus redes sociales, el dirigente responsabilizó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como al JNE de la medida contra el partido de la lampa.“El primero no hizo nada a pesar de estar advertido y el segundo anuló arbitrariamente todo. Existe responsabilidad compartida”, escribió desde su cuenta oficial en X.
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