¿Por qué la sostenibilidad ambiental es la agenda que el Perú no puede postergar?

Los problemas ambientales que enfrenta el Perú no solo amenazan su biodiversidad, sino también el futuro económico y social del país. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en 2015 parecieran quedar cada vez más lejanos en un país donde la degradación de los recursos naturales y la expansión de economías ilegales están socavando las bases del desarrollo.

La minería ilegal es un reflejo claro de esta realidad. Hasta julio de 2025, cerca de 13,000 operadores inscritos en el REINFO seguían activos en zonas restringidas para la minería, que incluyen áreas naturales protegidas y zonas arqueológicas y urbanas, pese a que son intocables según la normativa peruana. La expansión de estas actividades llevó a que en 2024 se deforestaran más de 150 mil hectáreas de bosque amazónico, un 62% más que hace dos décadas, profundizando la vulnerabilidad climática del país. No sorprende, entonces, que según la OCDE, el Perú sea el país con menor capacidad de adaptación al cambio climático en América Latina.

Estos efectos no son abstractos: se sienten en la salud de las personas. Madre de Dios —donde las denuncias por minería ilegal crecieron seis veces entre 2020 y 2024— es la región con la peor calidad del aire del país. En esa región se liberan más de 180 toneladas de mercurio al año, y en distritos como Laberinto, la concentración de este metal en el aire es hasta 8,000 veces mayor que fuera de las áreas mineras. El mercurio también ingresa a la cadena alimentaria: los peces de pozas abandonadas por minería aurífera presentan 43% más concentración de este metal pesado. ¿El resultado? Niños con daños neurológicos, cognitivos y motores, y una población cuya esperanza de vida se reduce en casi dos años por la baja calidad del aire.

El agua y el saneamiento conforman otro frente crítico. El retroceso de más de la mitad de los glaciares andinos en los últimos 60 años —como lo ha informado el MINAM— compromete las reservas que abastecen a ciudades, agricultura y energía hidroeléctrica. Pese a ser un servicio esencial, más de tres millones de peruanos permanecen sin acceso a agua potable, y entre quienes sí están conectados, 6 de cada 10 no reciben agua con niveles adecuados de cloro. A ello se le suma que una parte importante de las aguas residuales no se trata, pues casi el 40% de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) del país no cuentan con plantas de tratamiento operativas, y siete regiones carecen por completo de infraestructura para tratar sus descargas. Esto mantiene a los ríos vulnerables a la contaminación y expone a las familias a severos riesgos sanitarios.

Según el IPE, las regiones con mayor puntaje en el Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental son también las más competitivas en el Índice de Competitividad Regional. Ello muestra que la sostenibilidad ambiental y la competitividad no avanzan por caminos distintos: donde se protege el ambiente hay entornos más saludables y menos actividades ilegales, condiciones que impulsan el crecimiento económico y mejoran la calidad de vida.

La pregunta entonces es cómo pasar del diagnóstico a la acción. El país necesita frenar las actividades ilegales con fiscalización efectiva, fortalecer la gestión ambiental de gobiernos subnacionales e impulsar inversión sostenida en agua y saneamiento mediante Asociaciones Público-Privadas, sobre todo en regiones que no cuentan con plantas de tratamiento. A su vez, urge avanzar en la transición energética destrabando la expansión del gas natural como opción menos contaminante y acelerando la renovación del parque automotor. No es una agenda imposible; es una agenda impostergable. Si el Perú quiere prosperar, debe empezar por asegurar que su riqueza natural siga existiendo mañana.