La alerta sobre una inversión fallida en plena emergencia sanitaria volvió a colocar al Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión en el centro del debate público. La revelación de la Contraloría General expuso una cadena de decisiones que dejó sin uso un equipo clave para la atención de pacientes con problemas respiratorios. El caso surgió durante la revisión de bienes adquiridos por la Dirección Regional de Salud Junín (DIRESA) en el periodo más crítico de la COVID-19 y abrió nuevas interrogantes sobre la capacidad de gestión de las autoridades responsables.
La planta generadora de oxígeno medicinal llegó al hospital con la promesa de aliviar la alta demanda del insumo. Su incorporación debía asegurar un flujo continuo y estable, vital para sostener la atención en un establecimiento que recibía casos complejos. Sin embargo, la unidad terminó fuera de servicio antes de cumplir su propósito y solo registró un funcionamiento esporádico. La Contraloría difundió que “solo funcionó una vez en cuatro años”, un dato que marcó la dimensión del problema.
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El manejo posterior del equipo tampoco corrigió la situación. Los reportes internos señalaron fallas desde su transferencia en diciembre de 2021, pero no se activó la garantía ni se gestionaron medidas técnicas que permitieran restablecer su operación. El resultado fue un perjuicio económico y un recurso indispensable que nunca cumplió su misión en un contexto de alta necesidad.
La verificación del caso también alcanzó al personal responsable. El órgano de control describió omisiones que, según su investigación, impidieron que la planta recibiera mantenimientos adecuados o la eventual sustitución prevista en el contrato original. Esa conducta dejó sin una herramienta esencial a un hospital que enfrentaba una presión constante por atender pacientes con complicaciones respiratorias.
Falla sostenida desde su instalación
El Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 045-2025-2-2814-AC evaluó el periodo comprendido entre junio de 2021 y marzo de 2025. En sus conclusiones, la Contraloría señaló que la planta presentaba fallas desde su llegada al nosocomio. El documento indicó que la unidad registró “recalentamiento del motor y del compresor”, inconveniente detectado de forma temprana y que comprometió su desempeño desde el inicio.
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Ante estas fallas, se programaron mantenimientos correctivos y el desmontaje de la planta. Esa intervención incluyó el retiro de componentes sin respetar los lineamientos internos del hospital, acción que intensificó su falta de operatividad. La auditoría precisó que el procedimiento no siguió los criterios técnicos establecidos y que no se realizó una supervisión adecuada sobre el manejo de las piezas retiradas.
Garantía vencida sin acciones de respaldo
Pese a conocer la situación, los funcionarios no comunicaron a la DIRESA Junín la necesidad de activar la garantía del proveedor. El informe destacó que “la garantía venció sin que se realizaran mantenimientos, reemplazos de componentes o la eventual sustitución del equipo”. De acuerdo con el órgano de control, esta omisión fue determinante para el perjuicio económico de S/ 3 524 000 reportado.
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La planta solo produjo 18 cilindros de oxígeno en julio de 2022, según registró la auditoría. La cifra resultó insuficiente frente a la finalidad pública para la cual fue adquirida. A ello se sumó el pago de S/ 90 000 por servicios de mantenimiento preventivo, pese a que la planta ya se encontraba fuera de funcionamiento, lo que contravino los lineamientos técnicos del Ministerio de Salud.
Responsabilidades y recomendaciones
La Contraloría informó que cinco exfuncionarios y servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal por permitir el retiro irregular de componentes, autorizar mantenimientos sin resultados y omitir la activación de mecanismos administrativos que habrían evitado la pérdida económica.
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El órgano de control recomendó a la DIRESA Junín y al hospital implementar lineamientos claros sobre el manejo de bienes estratégicos. También solicitó reforzar el cumplimiento de normas internas para asegurar que los equipos adquiridos para servicios críticos cumplan la función para la cual fueron destinados.
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