IPD bajo cuestionamiento: contrato directo de S/3.5 millones para Casa Bolivariana muestra servicios precarios y escasa fiscalización

La reciente implementación de la Casa Perú Bolivariana para los Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2026 generó una fuerte controversia en el país, tanto por el monto invertido como por la calidad de los servicios y la transparencia del proceso.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) adjudicó de forma directa un contrato de 3,5 millones de soles (más de USD 1 millón) para la decoración y el catering de este espacio, una cifra que despertó la alarma de la Contraloría General de la República y puso en duda la gestión de los recursos públicos destinados a la organización de un evento que reúne a diecisiete delegaciones internacionales.

El contrato, entregado sin concurso bajo la modalidad de desabastecimiento, recayó en la empresa C.T. Eventos, cuyo propietario, Carlos Toullier Mendoza, reside en Bellavista, Callao. De acuerdo con la investigación difundida por el programa Panorama, la dirección fiscal de la empresa coincide con la vivienda del empresario, quien no respondió a los intentos de contacto. El historial de C.T. Eventos revela que, antes de este contrato, la empresa solo había prestado servicios menores a gobiernos locales y regionales, principalmente en alquiler de equipos de sonido y luces para eventos de pequeña escala, sin experiencia en proyectos del tamaño de los Juegos Bolivarianos.

Distancia entre las promesas y la realidad

El recorrido por la Casa Perú Bolivariana muestra una realidad alejada de lo prometido en el contrato. Ubicado en el terreno del IPD en la Videna, sede del Comité Olímpico Peruano, el espacio debía ofrecer un ambiente de confort y relax para los deportistas, con decoración moderna y buffet variado y saludable, según el documento oficial. Sin embargo, las imágenes registradas exhiben césped sintético, sillas y puff blancos, y una zona de juegos limitada a pelotas arrimadas y mesas de melamina. Los elementos presentes contradicen la supuesta modernidad y sofisticación del área de prensa y la zona lúdica, con detalles como cables expuestos y una congeladora de helados vacía.

El contrato tenía como objetivo “posicionar estratégica y comunicacionalmente al Perú como líder, anfitrión de eventos multideportivos” y consolidar al país como “hub de la diplomacia deportiva… como país anfitrión por excelencia y destino deportivo internacional”. Pero la ejecución fue criticada por la baja calidad de los servicios y la falta de transparencia. La medallista Cecilia Tait, integrante del Comité Olímpico Internacional y del Comité Olímpico Peruano, expresó su indignación: “No es justo, no es justo cuando los dirigentes no han jugado ni jazz, ese es el resultado. Yo les pido y les ruego, les suplico a los presidentes de las federaciones hoy a través de Panorama: Llegó el momento de saber para qué lado están”.

El periodista Luis Carrillo alertó sobre el presupuesto asignado: “La contratación del servicio de implementación de Casa Perú para los Juegos Bolivarianos 2025 tuvo un presupuesto de 3,5 millones de soles”. La investigación del dominical confirmó que el procedimiento fue un contrato directo, lo que favoreció a un solo proveedor. El contrato disponía además que el proveedor debía poner el espacio y todos los servicios, pero el local utilizado pertenece al IPD, lo que genera dudas sobre el cumplimiento de las condiciones pactadas.

Ofertas incumplidas y testimonios de insatisfacción

En el área de comedor, el contrato detallaba la provisión de “bebidas frías, calientes, bocaditos gourmet, tablas de queso, cabanossis, mermeladas, frutos secos, frutos rojos, todo el balance nutricional para nuestros deportistas”, pero el resultado estuvo lejos de lo anunciado. La diferencia entre la excelencia prometida y la resignación de los usuarios es notoria, sobre todo considerando que la Casa Perú Bolivariana debía ser la vitrina de la hospitalidad nacional ante diecisiete delegaciones internacionales.

Vecinos de Bellavista, donde reside Carlos Toullier, afirman que su actividad principal es el alquiler de equipos musicales, no la organización de grandes eventos deportivos.

Cuestionamientos al modelo de adjudicación directa

El caso de la Casa Perú Bolivariana se suma a otras adjudicaciones directas bajo la modalidad de emergencia, a pesar de que la organización de los Juegos Bolivarianos contó con años de anticipación y ha atravesado tres gobiernos. Esta situación ha generado dudas sobre la capacidad del Estado peruano para gestionar eventos internacionales y sobre la prioridad que las autoridades asignan al deporte.

La Casa Perú Bolivariana debía recibir delegaciones de diecisiete países y posicionar al Perú como referente en hospitalidad deportiva. No obstante, tras la inspección realizada por Panorama, la percepción general es que, lejos de consolidar la imagen internacional del país, el proyecto ha evidenciado deficiencias en la gestión y en el uso de los recursos públicos.