La reciente delegación de facultades legislativas en materia tributaria permitirá que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recaude más de USD 360 millones adicionales entre 2026 y 2027. Estos recursos se destinarán a fortalecer la inversión pública, la infraestructura y los servicios esenciales. Según cálculos técnicos del MEF, el aumento de recaudación —USD 163 millones en 2026 y USD 200 millones en 2027— busca sostener el crecimiento económico y mejorar la capacidad de respuesta del Estado, en una etapa de modernización tributaria y lucha contra la evasión.
La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que la aprobación de estas facultades por parte del Congreso representa un avance para cerrar vacíos normativos y adaptar el sistema tributario a un entorno digitalizado. “Estas medidas fortalecen la justicia tributaria, cierran espacios de evasión y aseguran que todos los actores económicos aporten de manera justa al país”, afirmó Miralles.
El paquete de reformas incluye siete medidas orientadas al fortalecimiento tributario y económico y una enfocada en reforzar la seguridad ciudadana. Esta última permitirá a las entidades financieras verificar en línea la identidad y situación migratoria de ciudadanos extranjeros, con el objetivo de prevenir delitos económicos.
Reformas para optimizar tributos
Entre las acciones propuestas, se destaca la optimización del acceso de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) a los fondos de detracciones en casos de deudas tributarias pendientes. Esta mejora facilitará la recuperación eficiente de recursos actualmente inmovilizados. Además, se actualizarán los artículos 103 y 200 de la Ley General de Aduanas para evitar el comiso total de mercancías cuando la omisión recaiga sobre el transportista, estableciendo sanciones proporcionales y alineadas con estándares internacionales.
El MEF también implementará un procedimiento especial de control antifraude en aduanas. Este permitirá actuar rápidamente ante indicios de manipulación en el valor declarado de mercancías, garantizando una correcta determinación de los tributos y reforzando la seguridad del comercio exterior.
En cuanto a las importaciones, se actualizará el régimen de percepciones del IGV para cerrar vacíos que permiten la subvaluación en productos sensibles al fraude. Esta iniciativa busca asegurar una competencia más justa entre operadores formales y proteger la recaudación fiscal. Al mismo tiempo, la Ley Penal Tributaria será modificada para sancionar el uso indebido de comprobantes electrónicos y la falsificación de constancias de detracción, respuestas a delitos emergentes tras el avance de la digitalización.
Impulso a las APP e incremento del PBI
Respecto a las Asociaciones Público-Privadas (APP), las facultades delegadas permitirán mejorar el marco regulatorio, facilitando la disponibilidad de inmuebles y la simplificación de procesos clave. Miralles señaló: “Fortalecer el Sistema APP generará un entorno más confiable para atraer capitales y dinamizar la economía en el corto, mediano y largo plazo”. El objetivo es garantizar que los proyectos APP se adjudiquen y ejecuten con mayor celeridad y que los inversionistas cuenten con seguridad jurídica y predictibilidad.
El MEF prevé que el Producto Bruto Interno (PBI) de Perú crecerá 3,5% en 2025, impulsado por cuatro ejes: austeridad y eficiencia del gasto, dinamismo de la inversión pública y privada, shock de desburocratización y ampliación de la base tributaria. De enero a noviembre, la inversión pública creció 5% respecto al mismo periodo de 2024, mientras que la inversión privada avanzó 11,4% en el tercer trimestre del año.
El proceso de desburocratización permitió ejecutar 465 medidas de simplificación administrativa y destrabar 134 permisos y autorizaciones para proyectos en sectores como minería, energía, transportes y agricultura. Una administración más ágil es clave para dinamizar estos rubros estratégicos.
Sostenibilidad y la eficiencia estatal
Denisse Miralles concluyó que el Gobierno está comprometido con un crecimiento responsable y sostenible, respetando la regla fiscal y generando condiciones para cerrar brechas históricas en infraestructura y servicios públicos. “Las facultades delegadas nos permitirán avanzar hacia un Estado más eficiente, moderno y capaz de responder a las necesidades de los peruanos”, señaló la ministra de Economía y Finanzas.
Con estas reformas, Perú apunta a consolidar un sistema tributario más justo, eficiente y adaptado a los desafíos de la era digital, reforzando la confianza en las instituciones y la capacidad del Estado para promover el desarrollo.
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