Silencio frente a las economías ilegales tras la COP30: experto califica como “decepcionante” la participación del Perú

A pocos días del cierre de la COP30, realizada en Belém, la actuación del Perú continúa generando críticas entre organizaciones ambientales y especialistas que asistieron a la cumbre.

Aunque el encuentro fue presentado por el presidente Lula da Silva como un punto de inflexión para atender la problemática mundial, Perú, país que posee la segunda mayor extensión amazónica después de Brasil, habría llegado sin avances y con una postura poco clara frente a las economías ilegales.

Desde el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), su coordinador de Derechos Humanos, Richard O’Diana Rocca, califica la participación peruana como “decepcionante”. Según explica, la delegación no mostró cohesión técnica ni continuidad en sus políticas, y evitó abordar temas críticos como la minería ilegal, el narcotráfico y el avance de redes delictivas que operan dentro del territorio amazónico.

Un país que llega con brechas y sin medidas concretas

Para organizaciones como ACAP y el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCCIC), el balance que deja la COP30 refleja brechas persistentes en la respuesta del Estado peruano frente a la crisis climática. Por un lado, el país atraviesa un escenario complejo en el que la deforestación aumentó en 135% en solo un año, la Amazonía podría enfrentar un deterioro severo hacia 2050 si no se revierten las tendencias actuales, y el Estado ha ejecutado menos del 12% del presupuesto destinado a enfrentar los impactos del cambio climático.

A ello se suma el avance continuo de economías ilegales que no cuentan con un plan integral de contención, pese a ser una de las principales causas del cambio de uso de suelo y de las emisiones asociadas. “Se esperaba una posición contundente del Estado peruano”, aseguró O’Diana.

Por otro lado, la delegación peruana llegó en un momento institucional poco favorable. El ministro del Ambiente y la directora del Cambio Climático, principales responsables del sector ambiental, tenían apenas semanas en el cargo tras el cambio de gobierno de José Jerí.

Una brecha territorial que afecta las acciones climáticas

Uno de los anuncios centrales del Perú en la COP30 fue la actualización de sus compromisos climáticos a través de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), presentada como parte del llamado Paquete País. Según Richard O’Diana, este instrumento mantiene las mismas metas que la versión anterior presentada hace cinco años.

El abogado señala que el cumplimiento de estos compromisos depende de los planes regionales y locales de cambio climático, pero la mayoría no está actualizada o no se ha elaborado. Durante la entrevista a Infobae, explicó que “solo un tercio de las regiones tiene actualizados sus planes regionales de cambio climático” y que “hay regiones enteras donde no hay ni un solo distrito con un plan local terminado”. Para O’Diana, esta situación limita la posibilidad de ejecutar acciones concretas en los territorios, especialmente en contextos donde la crisis climática ya genera impactos como sequías, heladas y cambios en los ciclos de lluvia.

Según el especialista, esta brecha territorial es una de las principales razones por las cuales los compromisos climáticos del Perú no logran traducirse en medidas verificables dentro de las regiones más vulnerables, lo que reduce la efectividad de cualquier avance que se presente en escenarios internacionales como la COP30.

Un largo silencio sobre las economías ilegales

O’Diana señala que actividades como la el narcotráfico, la minería y tala ilegal alimentan buena parte de las emisiones por cambio de uso de suelo que representan casi la mitad de los gases de efecto invernadero del país, pero no fueron objeto de debate en el pabellón oficial.

El abogado también advierte la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), ha prolongado sin éxito un proceso de formalización que no se concreta y que ha permitido la expansión de operaciones con alto impacto ambiental. “Los proyectos de ley vienen de todos los sectores, de los partidos de derecha hasta los partidos de izquierda”, afirma.

Para O’Diana, sin una estrategia estatal responsable, “la Amazonía seguirá avanzando hacia zonas dominadas por redes ilegales donde el Estado ya no entra”.

Participación indígena limitada en una COP amazónica

Pese a realizarse en Belém, en el corazón de la Amazonía, la COP30 registró tensiones sobre el ingreso de delegaciones indígenas al pabellón oficial. O’Diana relata que en al menos tres jornadas se produjeron protestas de líderes amazónicos que quedaron fuera de los espacios formales por falta de acreditaciones.

La situación derivó en detenciones y un refuerzo de la seguridad que, según observadores, terminó militarizando partes del evento. El especialista afirma que el contraste entre representantes indígenas ubicados en espacios paralelos —como la Cumbre de los Pueblos— y funcionarios que sí accedían a las áreas de negociación fue evidente.

En el caso peruano, la presencia indígena estuvo mayormente sostenida por organizaciones y no por una delegación articulada del Estado.