COP30: Líderes indígenas exigen justicia por Saweto y alertan que la impunidad amenaza la Amazonía

Durante la cumbre climática COP30 que reúne a casi 200 países en Belém, Brasil, líderes indígenas peruanos elevaron un mensaje contundente: sin justicia para los defensores de la Amazonía, no habrá justicia climática. Representantes de Aidesep y ORAU denunciaron que, pese a que la justicia peruana confirmó las condenas por el asesinato de cuatro líderes ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, los responsables siguen libres y el Estado no garantiza seguridad para las familias ni para quienes hoy continúan protegiendo sus territorios.

El crimen ocurrió el 1 de septiembre de 2014. Aquel día fueron asesinados Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, dirigentes que denunciaban la tala ilegal en Ucayali. Tras un largo proceso judicial, la Primera Sala Penal de Ucayali ratificó en agosto último las condenas de 28 años y 3 meses contra los madereros ilegales Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix.

Sin embargo, ninguno de los sentenciados estuvo presente en la audiencia y, hasta hoy, continúan prófugos. Para las viudas y familiares, esto representa un riesgo inmediato. Temen que los condenados crucen la frontera hacia Brasil o tomen represalias en la zona. “Lo que falta ahora es que se ejecute la sentencia, que los capturen. No podemos esperar más”, señaló la abogada Rocío Trujillo para Canal N meses atrás.

“No es solo Saweto, son más de 35 defensores asesinados”

Desde el pabellón indígena en la COP30, el apu Jorge Pérez, presidente de Aidesep, denunció que el caso Saweto es parte de un patrón más amplio. “Los líderes han sido asesinados en defensa del territorio. Y otros crímenes siguen impunes”, dijo.

Por su parte, el apu Jamer López, titular de ORAU, advirtió que la violencia es sostenida y sistemática: “No se trata solo de cuatro hermanos ashéninkas. En los últimos años más de 35 defensores indígenas han sido asesinados y esos casos no han tenido avances”.

Voceras como Marisol García, de Fepikecha, recordaron también el asesinato del apu Quinto Inuma, ocurrido hace dos años, y exigieron que su caso no quede en el olvido. “No podemos seguir viniendo a estos espacios solo a contar cuántos hermanos han sido asesinados”, expresó el vicepresidente de Aidesep, Miguel Guimaraes.

Demandas al Estado peruano

Durante las intervenciones, las delegaciones indígenas reclamaron que el Gobierno peruano active y cumpla el Plan de Acción Saweto, que contempla pensiones de viudez, apoyo educativo a los huérfanos, oportunidades laborales y medidas de seguridad para la comunidad.

También exigieron que se ponga en marcha el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, ya que las hermanas, viudas y familias de Saweto siguen expuestas a amenazas por parte de mafias madereras.

Además, señalaron que el Estado debe garantizar presencia efectiva en zonas donde las economías ilegales continúan avanzando, así como fortalecer los sistemas de autoprotección comunitaria.

Impunidad que erosiona la lucha climática

Los líderes indígenas remarcaron que la protección de la Amazonía no puede recaer únicamente en los pueblos originarios, quienes arriesgan su vida ante la expansión de la tala ilegal, el narcotráfico y las invasiones. La impunidad, dijeron, agrava la vulnerabilidad de las comunidades y debilita la defensa ambiental.

“Hablar de clima sin hablar de justicia es incompleto. Los defensores indígenas sostienen los bosques que hoy permiten respirar al planeta. Si no hay justicia para ellos, tampoco habrá resultados reales en esta COP”, afirmó uno de los voceros durante la sesión.

Con la mirada del mundo puesta en la COP30, la delegación peruana insistió en que la condena por Saweto solo será efectiva cuando los cuatro sentenciados estén capturados y cuando las familias reciban las garantías que necesitan para vivir sin miedo. La exigencia es clara: justicia, protección y reconocimiento para quienes defienden los territorios más estratégicos del país frente al avance del crimen ambiental.