
No procedió el intento de golpe en el Ministerio Público. El último viernes, la Junta de Fiscales Supremos desestimó el pedido para “revisar” la elección de Delia Espinoza como fiscal de la Nación y nombrar un nuevo titular del Ministerio Público por los próximos 3 años.
Este pedido fue efectuado por los presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales, bajo la figura de una “revisión extraordinaria” del proceso de elección del fiscal de la Nación por, dicen, “estricta necesidad de gestión de un organismo constitucional autónomo”.
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Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, declaró que el pedido fue declarado improcedente porque no es competencia de la Junta de Fiscales Supremos dejar sin efecto el mandato de un titular del Ministerio Público válidamente elegido.
Lo dicho por Gálvez es cierto. El artículo 158 de la Constitución establece que el fiscal de la Nación “es elegido por la Junta de Fiscales Supremos” y su gestión “dura tres años, y es prorrogable, por reelección, solo por otros dos”. No se desprende entonces algún tipo de “revisión extraordinaria”.

El verdadero objetivo —el que no se muestra en el oficio remitido a la Junta de Fiscales Supremos— era asegurar el pago del bono para fiscales provinciales. Fuentes de Infobae afirman que algunos fiscales consideran que Tomás Gálvez, debido a su manejo político, tiene mayor posibilidad de que el Congreso y Ejecutivo le otorguen el presupuesto necesario para el pago de esta bonificación.
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“Hasta el 30 de noviembre tenemos plazo para que se nos incorpore el presupuesto adicional de la homologación, así como están ganando los colegas, los señores jueces, y también como ya lo sustentó nuestro fiscal de la Nación ante la Comisión de Presupuesto, el tema del bono de alta función jurisdiccional o por alta función que nos falta, que se tiene que incorporar en este presupuesto”, se escucha en la grabación de la videollamada donde se acordó el oficio, audio al que accedió Infobae.
En la misma sesión se abordó el oficio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) para que se elija un nuevo fiscal de la Nación interino en reemplazo de Tomás Gálvez por ser un “actor político” y no cumplir con “el requisito constitucional de ser y parecer independiente”.
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Al igual que el pedido de los representantes de fiscales provinciales, el oficio del IDL y de la CNDDHH fue desestimado.
No se aferra, dice
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, aseguró que no se aferra al cargo, sino que espera el oficio de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que oficialice la reincorporación de Delia Espinoza.
Durante un encuentro con los medios, Gálvez respondió con evasivas y visible molestia cuando se le consultó sobre la decisión de la Junta de Fiscales Supremos respecto a Espinoza. A una reportera de Canal N que le preguntó si existía alguna resolución al respecto, replicó: “No sé de qué decisión hablas”, y ante la insistencia sobre la medida cautelar, se limitó a decir: “Voy a pensar”.
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La incomodidad del fiscal interino se acentuó cuando se le interrogó sobre una posible comunicación de la JNJ: “No sé pues, tienes que preguntarle allá. A nosotros no nos han dicho nada”.
Consultado sobre la posibilidad de que continúe en el cargo, Gálvez sostuvo: “Claro, tiene que venir una notificación para que me vaya, pues. (...) Depende de la Junta, yo no puedo decir nada, me disculpan”.
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