Durante el estado de emergencia en Lima y Callao, el gobierno puso en marcha diversas estrategias para fortalecer la lucha contra la delincuencia urbana, incluyendo recientes disposiciones que permiten al serenazgo portar pistolas eléctricas y cámaras corporales para mejorar la intervención ante incidentes.
Estas acciones buscan dar herramientas a los cuerpos locales de seguridad para responder ante el avance de la criminalidad. De acuerdo al Ministerio del Interior, solo los serenos capacitados y autorizados podrán operar estos dispositivos, cuya implementación definitiva depende aún de plazos normativos y requisitos técnicos.
El reglamento promueve que el uso del equipo electrónico sea defensivo y quede registrado en todo momento, garantizando la transparencia y vigilancia durante el servicio.
El Estado subrayó que la capacitación será obligatoria y que ninguna medida entrará en operación hasta que termine el proceso regulatorio pendiente. Por ello, mientras los municipios se preparan para asumir mayores responsabilidades en materia de seguridad ciudadana, otro desafío emerge: la condición de las propias instalaciones policiales donde debería ejecutarse gran parte de estas nuevas políticas.
Los Olivos: personal policial expuesto ante la falta de servicios básicos
En este contexto, la realidad de la comisaría Sol de Oro de Los Olivos muestra el contraste entre los planes oficiales y el día a día de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).
A pesar de las exigencias de eficiencia frente al crimen, esta sede opera sin agua, luz ni internet, una situación documentada por medios como Exitosa y denunciada por los mismos policías de la zona.
El edificio presenta techos deteriorados, muros agrietados y cableado expuesto, elementos que comprometen la seguridad de vecinos y personal por igual.
La ausencia de servicios básicos fuerza a los agentes a mantener las computadoras apagadas y atender denuncias en papel, interrumpiendo la recepción de reportes virtuales y dificultando la atención urgente.
Las instalaciones sanitarias se encuentran casi inoperativas, los focos no funcionan y los caños apenas liberan agua, en tanto el teléfono móvil institucional tampoco se halla operativo para emergencias.
Los efectivos, que superan el centenar, recurren a locales ajenos para cargar celulares y resolver necesidades básicas, todo mientras cumplen prolongadas jornadas laborales.
Según informes del Ministerio del Interior (Mininter) y de la Contraloría General de la República, estas carencias no son un caso aislado. A nivel nacional, el 40% de las comisarías inspeccionadas fueron declaradas inhabitables y muchas tienen más de cuatro décadas de existencia. En el caso de Sol de Oro, pese a las reiteradas solicitudes de apoyo al ministerio, la ayuda no ha llegado.
La fragilidad en la infraestructura y la ausencia de mejora impactan directamente sobre la capacidad operativa y la moral del personal destinado a combatir la criminalidad en una de las zonas más demandantes de la capital.
El último operativo nacional de la Contraloría reveló además que los policías aún visten chalecos antibalas de hasta 28 años de antigüedad, reflejando un desfase entre la urgencia del contexto y los recursos disponibles.
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