El Gobierno del Perú publicó este viernes el Decreto Supremo N° 127-2025-PCM, mediante el cual se modifica y amplía el actual estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. La norma introduce una nueva estructura de mando, refuerza las acciones de inteligencia y control penitenciario, y apuesta por la incorporación de tecnología satelital para combatir la criminalidad organizada.
Según se informó estas disposiciones responden a una recomendación formal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y buscan optimizar la efectividad de las intervenciones del Estado en zonas de alto riesgo. El presidente de la República, José Jerí, sostuvo que el objetivo central es elevar la capacidad de respuesta frente a las redes delictivas que operan en la capital y el primer puerto.
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Entre las principales innovaciones figura la creación de un comando unificado que coordinará la labor de las distintas instituciones involucradas en la seguridad pública. Además, se aplicarán medidas más estrictas en los centros penitenciarios, junto con el uso intensivo de tecnología satelital y sistemas de vigilancia predictiva.
Nueva estructura de comando y control operativo
El decreto establece la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que estará presidido por el Comandante General de la Policía Nacional e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, los gobiernos locales y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Este organismo concentrará la planificación, ejecución y supervisión de las operaciones conjuntas.
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El CCO contará con cuatro comités de apoyo que reforzarán su labor en distintos frentes:
- Comité de Coordinación Distrital (CCD): se encargará del monitoreo territorial y la intervención en zonas críticas.
- Comité de Inteligencia (CI): desarrollará labores de vigilancia y análisis de riesgo con información clasificada.
- Comité de Fiscalización (CF): liderará acciones de control en mercados ilegales y actividades ilícitas.
- Comité de Comunicación Estratégica (CCE): gestionará la difusión de información oficial y campañas de prevención.
Esta estructura multisectorial busca evitar la duplicidad de funciones y garantizar una respuesta integrada frente al crimen organizado, las mafias de extorsión, el sicariato y la trata de personas.
Medidas de control en penales
Entre las medidas más severas figura la restricción de visitas en los centros penitenciarios, que quedarán limitadas a una vez por semana para los internos en régimen cerrado ordinario y una vez cada quince días para los del régimen especial. Asimismo, se restringirá el uso de energía eléctrica en celdas y se procederá con el retiro de antenas de telecomunicaciones no autorizadas.
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El Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE asumirá el control de los operativos de incautación, con apoyo aéreo mediante drones. También se dispone el traslado inmediato de internos considerados peligrosos y la rotación del personal penitenciario, bajo vigilancia directa de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Paralelamente, el Comité de Inteligencia implementará un sistema de videovigilancia e inteligencia predictiva que integrará imágenes satelitales —proporcionadas por la Agencia Espacial del Perú (CONIDA)—, cámaras públicas, drones y algoritmos de reconocimiento facial. Este sistema permitirá monitorear zonas de riesgo y anticipar eventos delictivos, bajo la supervisión de la DINI y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
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Reconocimientos e incentivos
El decreto también incorpora medidas de reconocimiento e incentivo al personal operativo, con el fin de reforzar la moral y la eficiencia institucional. Los miembros de las fuerzas integradas que destaquen en el cumplimiento de sus funciones recibirán distinciones oficiales otorgadas en el Palacio de Gobierno.
Asimismo, se contempla la entrega de incentivos formales mediante Resolución Suprema a un integrante de las Fuerzas Armadas y otro de la Policía Nacional que hayan participado en operaciones sobresalientes, especialmente aquellas que deriven en la captura de delincuentes requisitoriados o integrantes de organizaciones criminales.
Para reforzar la capacidad operativa, los cadetes de último año de las escuelas de la PNP y las FF.AA. podrán participar en tareas administrativas y marchas disuasivas, liberando así a efectivos activos para operativos en campo. Adicionalmente, se aplicarán pruebas de polígrafo al personal penitenciario y funcionarios vinculados al sistema de inteligencia, como parte del control de confianza institucional.
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Operativos contra mercados ilegales
El Comité de Fiscalización liderará intervenciones coordinadas para erradicar mercados ilegales y combatir actividades conexas al crimen organizado. Estas acciones incluirán operativos contra:
- Trata de personas y narcotráfico
- Comercio ilegal de armas
- Venta informal de chips y celulares robados
- Transporte informal de pasajeros y contrabando
En estas operaciones participarán entidades como la SUNAT, SUCAMEC, OSIPTEL, MIGRACIONES y los gobiernos locales, que deberán reportar resultados diarios al CCO.
Por su parte, el Ministerio Público y el Poder Judicial ampliarán su capacidad de respuesta durante el estado de emergencia, implementando medidas especiales de seguridad para fiscales y jueces. También se priorizará el uso de la plataforma de denuncias en línea y se declarará de necesidad pública la ampliación del Centro de Comando, Control y Comunicación (C4) de la Policía Nacional.
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Los gobiernos locales estarán obligados a interconectar sus sistemas de videovigilancia con el C4, con el fin de mejorar la interoperabilidad tecnológica y el intercambio de información en tiempo real.
Financiamiento
La ejecución de todas las disposiciones del Decreto Supremo N° 127-2025-PCM será financiada con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas y con asignaciones extraordinarias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según la disponibilidad presupuestal.
El Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar informes periódicos de avance al Ministerio del Interior y, una vez concluido el estado de emergencia, remitir un informe final a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial.
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