El Gobierno autorizó la asignación de S/291.600 para financiar la defensa legal del expresidente Ollanta Humala en el proceso penal vinculado al Gasoducto Sur Peruano. La medida, a cargo del Despacho Presidencial, busca cubrir los honorarios de abogados en la etapa intermedia del juicio por presunta colusión y asociación ilícita.
De acuerdo con la documentación difundida por RPP Noticias, el proceso de contratación directa fue iniciado un día después de la promulgación del Decreto de Urgencia 008-2025, donde se implementaron medidas enfocadas en un plan de austeridad para reducir el gasto público del Estado.
La suma asignada cubre tareas de defensa técnica, asesoría procesal, análisis de antecedentes y acompañamiento a audiencias frente al Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada para afrontar la acusación por su presunta intervención ilícita en la adjudicación del megaproyecto energético en el sur del país
La solicitud formal fue presentada por Humala el 11 de agosto. En su pedido, el exjefe de Estado invocó la normativa que permite a los funcionarios y exfuncionarios acceder a defensa legal solventada con fondos públicos, incluso cuando el proceso penal se inicia tras el término de su mandato. La Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial recomendó conceder el beneficio, al considerar que los hechos imputados ocurrieron cuando Humala desempeñaba la presidencia.
El beneficio quedó formalizado mediante la Resolución N° 000075-2025-DP/SSG, expedida el 19 de agosto por Ysmael Mayuri Quispe, subsecretario general del Despacho Presidencial. Dicha resolución dispuso a la Oficina General de Administración ejecutar la contratación, bajo el mecanismo de procedimiento no competitivo por tratarse de servicios especializados.
Actualmente, Humala cumple una sentencia de 15 años de prisión por lavado de activos agravado, a raíz de los aportes irregulares canalizados hacia el Partido Nacionalista durante las campañas electorales de 2006 y 2011. Esta nueva defensa forma parte del expediente 0003-2017-189-5001-JR-PE-02, gestionado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
¿De qué se le acusa a Ollanta Humala en el caso Gasoducto Sur Peruano?
A Ollanta Humala se le imputa en el caso Gasoducto Sur Peruano la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. De acuerdo a la tesis fiscal, durante su mandato como presidente de la República, habría favorecido de manera indebida al Consorcio Odebrecht en la adjudicación del megaproyecto energético del sur del país. La denuncia sostiene que intervino en decisiones a través de la suscripción de resoluciones supremas conjuntas con otros altos funcionarios, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado.
Estas imputaciones están siendo investigadas por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dentro de un proceso penal en el que se busca determinar la responsabilidad penal del exmandatario en la adjudicación y gestión del proyecto Gasoducto Sur Peruano.
No es el único caso
Paralelamente, se conoció que la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo-sede Lima Centro formalizó una investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a su paso como jefe militar de la base de Madre Mía, en el Alto Huallaga, durante la década de 1990.
La investigación se centra en acusaciones de homicidio calificado—incluidos los asesinatos de Edgardo Isla Pérez y Némer Acuña Silva— y desaparición forzada que habría recaído en al menos cuatro personas: Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Goyo Sagástegui, Hermes Estela Vázquez y Yandel Leandro Zúñiga.
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