La Municipalidad Metropolitana de Lima busca liberar las calles del Centro Histórico antes del inicio de la campaña navideña. El alcalde Renzo Reggiardo planteó trasladar a los comerciantes informales hacia el ex penal San Jorge, ubicado en el Cercado de Lima, con el fin de recuperar el orden en zonas críticas como Mesa Redonda, el Mercado Central y los jirones Puno y Ayacucho, donde el tránsito peatonal y vehicular se ve reducido por la gran cantidad de vendedores.
El burgomaestre solicitó al presidente interino José Jerí que autorice el uso del ex establecimiento penitenciario, cerrado hace más de una década y actualmente bajo administración del Poder Judicial. La idea, según explicó, es convertir el espacio en un mercado temporal y seguro para más de 4 mil ambulantes registrados por la comuna limeña. La medida busca prevenir accidentes y mejorar la seguridad ante la masiva afluencia de público que se espera durante las fiestas de fin de año.
Ambulantes rechazan reubicación
En Mesa Redonda, la propuesta municipal ha sido recibida con desconfianza. Los vendedores aseguran que el traslado al ex penal San Jorge los alejaría de sus clientes habituales. “Allá vamos a morir de hambre. Acá vendemos al paso, los compradores nos conocen. Si nos mandan tan lejos, nadie va a ir”, dijo una comerciante que lleva más de quince años en la zona.
Otros ambulantes coinciden en que el flujo constante de personas es lo que les permite subsistir. “Vivimos de lo que la gente nos compra en la pasada. Muchos somos mayores de edad y no tenemos otro trabajo”, agregó otro vendedor. En distintos puntos del jirón Ayacucho, varios manifestaron su temor de que la medida se ejecute sin coordinación ni alternativas reales de venta.
Opiniones divididas entre los comerciantes
Aunque el rechazo es mayoritario, algunos comerciantes se muestran abiertos a la propuesta si se garantiza infraestructura y seguridad. “Podría funcionar, pero hay que limpiar y acondicionar el lugar. No se trata solo de movernos, sino de tener condiciones dignas para vender”, señaló una ambulante del jirón Andahuaylas.
La mayoría, sin embargo, se mantiene a la expectativa. Afirman que no han recibido comunicación oficial ni fechas concretas para el eventual traslado. “Todavía no sabemos nada. Dicen que falta arreglar el penal y eso tomará tiempo. Hasta ahora nadie nos ha informado qué pasará con nosotros”, expresó otro vendedor. En los alrededores del Mercado Central, algunos dirigentes sostienen que el municipio debería priorizar el diálogo y no improvisar medidas en plena campaña de mayor demanda comercial.
El ex penal San Jorge y su posible nuevo uso
El ex penal San Jorge dejó de operar en 2010 y fue transferido al Poder Judicial por la Superintendencia de Bienes Nacionales. Pese a los años transcurridos, el terreno permanece sin uso definido. Su ubicación —entre las avenidas Nicolás de Piérola, Montevideo y Ayacucho— lo convierte en un punto estratégico para proyectos de recuperación urbana.
Durante gestiones anteriores también se evaluó su reaprovechamiento. En la administración de Rafael López Aliaga se intentó trasladar a los ambulantes a una zona llamada “La Huerta Perdida”, pero la iniciativa fracasó por falta de público y deficiente infraestructura. Por ello, la actual propuesta municipal enfrenta escepticismo tanto de los comerciantes como de urbanistas que advierten la necesidad de un plan técnico previo.
La comuna promete orden, pero el proyecto sigue sin autorización
El alcalde Reggiardo insiste en que la reubicación busca evitar desastres como los incendios ocurridos en temporadas navideñas pasadas. “No queremos sobresaltos, necesitamos un espacio seguro para los comerciantes y los compradores”, declaró. Sin embargo, el proyecto aún depende de la respuesta del Gobierno central, que debe autorizar el uso temporal del predio.
Mientras tanto, las calles de Mesa Redonda continúan repletas de puestos ambulantes. Los comerciantes siguen en incertidumbre y temen que cualquier traslado repentino los deje sin sustento en uno de los meses más importantes del año. La Municipalidad asegura que seguirá coordinando con los ministerios correspondientes para concretar la medida, aunque todavía no hay fecha establecida para su ejecución.
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