Abogado de Betssy Chávez defiende asilo y acusa a Perú de “dar la espalda al derecho internacional”

El abogado internacional de la golpista expremier Betssy Chávez, Guido Croxatto, defendió el asilo otorgado por México a su patrocinada y aseguró que este fue correctamente otorgado porque el delito rebelión que se le imputa es "eminentemente político”.

“Como bien sostuvo Pablo Monroy Conesa (embajador expulsado en la gestiónde Dina Boluarte) en la mañanera, flanqueado por la valiosa presidenta mexicana, la física Claudia Sheinbaum, el delito aquí en discusión es un delito eminentemente ‘político’. Acaso, el más político de todos: la rebelión”, dijo Croxatto en una columna publicada en el diario La República.

El abogado también se dirigió al canciller peruano Hugo de Zela por sostener que la lectura del gobierno mexicano sobre los hechos del 7 de diciembre de 2022 es “solitaria”. Sacó a colación de que Suiza se negó a ofrecer información sobre el teniente PNP Eder Infanzón, acusado por el golpe de Estado, porque calificó el caso como “delito político”.

“Hace muy pocos meses Suiza sostuvo la misma opinión, cuando denegó colaboración a la Justicia peruana, sosteniendo que los delitos imputados a Castillo son de naturaleza política: lo mismo que sostiene ahora México. Entonces la lectura ‘solitaria’ es la que hace Perú, que le da la espalda al derecho internacional”, indicó.

Denuncia doble estándar

Guido Croxatto también cuestionó al Estado peruano por supuestamente tener un doble estándar para calificar las solicitudes de asilo político. Así, mencionó el caso de la exprimera dama Nadine Heredia, quien recibió asilo político de Brasil a pesar de que había sido condenada a 15 años de prisión por lavado de activos.

“En ese caso (de Nadine Heredia) sí podía discutirse más la viabilidad jurídica del asilo. Pero en el caso de Betsy Chávez esa discusión no tiene sustento legal ninguno”, protestó. No obstante, no es del todo cierto, el Estado peruano, a través del Congreso y Ejecutivo, sí impulsaron acciones tras el asilo concedido a la exprimera dama.

“En cuestión de horas le otorgaron el asilo a Nadine Heredia, que fue por un tema de corrupción. No por delito de rebelión, que es un carácter más político. Amén de la doble vara (Odebrecht, cuyos actos de corrupción curiosamente Castillo, no salpicado por ese escándalo, nunca quiso dejar de investigar), subsiste detrás una equivocada lectura del derecho”, agregó.

En su columna, Croxatto también vuelve a cuestionar la vacancia de Pedro Castillo porque se concretó con 101 votos y no 104 como exige el Reglamento del Congreso. Sin embargo, omite mencionar que el Tribunal Constitucional ya dejó establecido que Castillo dejó de ser presidente al momento de dar su mensaje golpista y la declaratoria de vacancia por parte del Congreso fue un acto simbólico.

A la espera del salvoconducto

El Gobierno del Perú mantiene en revisión la solicitud de salvoconducto presentada por México para que la ex primera ministra Betssy Chávez abandone el país, mientras la exfuncionaria permanece asilada en la embajada mexicana en Lima desde hace varios días. La decisión final sobre este documento sigue pendiente, dejando en incertidumbre el futuro inmediato de Chávez.

En caso de que el salvoconducto no sea concedido, la ex primera ministra podría permanecer indefinidamente en la sede diplomática mexicana, ya que ese espacio es inviolable y constituye su único refugio, según explicó el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay en entrevista con Infobae Perú. “Así es, porque ese es su único espacio en el que puede permanecer y nadie podrá entrar ahí, e incluso así no haya relaciones diplomáticas”, detalló el internacionalista, quien recordó que, en situaciones de ruptura diplomática, las embajadas pueden quedar bajo la custodia de un tercer país designado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano ha cuestionado el uso político del asilo, señalando que en los últimos años “se ha producido una evolución negativa” en su aplicación, al haberse otorgado en casos donde no existía persecución política. La Cancillería anunció que impulsará ante la OEA una modificación de la Convención de Caracas de 1954 “para evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo”.

El presidente José Jerí precisó que, mientras no haya una decisión definitiva sobre el salvoconducto, Betssy Chávez deberá permanecer en territorio nacional. “Lo que estamos haciendo es no pronunciarnos todavía sobre el tema del salvoconducto. Nosotros reconocemos los tratados internacionales, sabemos las obligaciones y también sabemos los defectos que tiene el sistema internacional”, indicó el mandatario. Añadió que, sin el documento, el efecto práctico es que la exministra no puede salir del país: “El efecto práctico es ese”, sostuvo.