La supresión del Sodalicio continúa: el arzobispo de Arequipa se suma como comisario apostólico adjunto

El Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica anunció el nombramiento de Mons. Javier del Río Alba, junto a César Arriaga y Juan Velásquez Salazar, como Comisarios Apostólicos Adjuntos para colaborar en el proceso de supresión del Sodalicio de Vida Cristiana. Esta designación tiene como objetivo fortalecer la labor de supervisión encomendada a Mons. Jordi Bertomeu, previamente designado como Comisario Apostólico principal para este proceso.

La medida responde al mandato de dicho dicasterio vaticano de asegurar el cumplimiento de las disposiciones eclesiales en relación a la supresión de las sociedades vinculadas al Sodalitium Christianae Vitae y entidades asociadas, entre ellas la Fraternidad Mariana de la Reconciliación y el Movimiento de Vida Cristiana. En la nueva estructura de intervención, Mons. Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, junto con los laicos César Arriaga Pacheco y Juan Velásquez Salazar, tendrán funciones y atribuciones específicas para acompañar y asistir en los actos y procedimientos que se requieran durante esta etapa.

El comunicado oficial indica que la acción de los Comisarios Adjuntos busca apoyar los trabajos de investigación, documentación y seguimiento de acciones necesarias para llevar a término el proceso encomendado por la autoridad eclesiástica. Las sociedades afectadas tienen presencia activa en varios países de América Latina y cuentan con un historial de actividades pastorales y laicales.

Las decisiones tomadas por el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica se inscriben en el marco de una vigilancia más intensa promovida por la Santa Sede sobre organizaciones religiosas que han enfrentado señalamientos en el pasado. El mandato de los comisarios incluye la colaboración con la Asociación privada de fieles Movimiento de Vida Cristiana en el cese de sus actividades y la asociación entre fieles, conforme a las directrices dictadas por la jefatura eclesiástica.

El comunicado puntualiza que toda información adicional sobre este procedimiento y las acciones de los comisarios será difundida a través de los canales oficiales del Arzobispado de Arequipa, que actúa como instancia colaboradora en la implementación de las disposiciones.

El fin del Sodalicio

El Sodalicio de Vida Cristiana anunció su supresión definitiva el 14 de abril de 2025, luego de la firma de un decreto en presencia de la prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Sor Simona Bramilla. En un comunicado público, la organización manifestó que aceptaba con “dolor y obediencia” la decisión aprobada por el papa Francisco.

La disolución de esta comunidad católica peruana ocurre tras años de denuncias por abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos por integrantes de la institución, incluidas acusaciones directas contra su fundador, Luis Fernando Figari. El texto del pronunciamiento colectivo señaló: “Nuestra mirada se dirige también a las víctimas, les reiteramos nuestro sincero pedido de perdón por los maltratos y abusos cometidos en nuestra comunidad”. La declaración no aludió al nombre de Figari, quien fue expulsado oficialmente del Sodalicio en 2024 y reside apartado en Roma desde entonces.

La institución ha indemnizado económicamente a 93 víctimas, con un monto total de 5,3 millones de dólares. De las 98 reparaciones registradas, nueve correspondieron a mujeres y 89 a hombres, con 74 casos de víctimas que eran miembros de la misma organización. Además, el Sodalicio entregó ayudas solidarias a 12 personas que no fueron reconocidas oficialmente como víctimas de abuso, según el principio de caridad cristiana y con base en situaciones de dificultad particular.

A lo largo de las últimas reuniones, el comisario apostólico designado, monseñor Jordi Bertomeu, sostuvo encuentros con autoridades y responsables de la organización para definir los pasos operativos de la supresión y asegurar la implementación de las medidas dictadas por el Vaticano.