
Luego de que el gobierno de José Jerí decidiera romper relaciones diplomáticas con México, congresistas reaccionaron sobre esta decisión y reflexionaron acerca del otorgamiento de asilo político a la expresidente del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, Betssy Chávez.
“Es un asunto que tiene que definirlo Relaciones Exteriores, tiene todo un procedimiento que hacer, es un tema técnico que tienen que resolver”, comentó el expresidente del Parlamento, José Williams.
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Sobre el asilo a la exlegisladora de Perú Libre, mencionó que ese tema debe “sujetarse” a ley, pero que no le parece correcto que ella abandone el país sin estar presente durante el término de su juicio.
“Luego de la sentencia, ella debe cumplir la sentencia si ese fuese el caso. Yo sí creo que se ha fugado, se ha exiliado para no escuchar la sentencia que presume es condenatoria”, explicó.
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“Yo creo que lo que hizo el presidente AMLO (Andrés Manuel López Obrador) y la actual presidente es hacer un propio análisis y emitir juicio sobre un asunto que le corresponde a otro país, otro estado, que es perú. Tenemos nuestras propias leyes y lo tenemos clarísimo, que fue un golpe de Estado. Eso no amerita que otro estado esté interpretando y cuestionando”, añadió.
Por su parte, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, sostuvo que el gobierno no debe otorgar un salvoconducto a Betssy Chávez para que abandone el país.
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Su postura se basa, según el legislador, en que la Convención de Asilo Polítco establece que esta medida no aplica para personas procedas por delitos comunes.
“La señora Betssy Chávez está procesada por delitos de rebelión y conspiración para la rebelión, que son delito común. En ese escenario no debería aplicarse el salvoconducto”, afirmó.
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En ese sentido, considera que la expremier debería permanecer en la embajada. “Sería un nefasto precedente, porque estaríamos alentando a que las demás partes procesadas por este caso puedan a hacer lo mismo, no solamente con la embajada de México, también con la embajada de brasil y otros países que deseen darle el asilo”, opinó.
“Sabemos que la señora Sheinbaum tiene un sesgo ideológico bastante radical, tiene graves problemas de acusación de narco estado. México en estos momentos, bajo su administración, se ha convertido en una especia de guarida de golpistas”, agregó.
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Se rompen relaciones diplomáticas
El gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México luego de que este país otorgara asilo a Betssy Chávez, procesada por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022. La medida se tomó tras considerar que el actuar mexicano representa un “acto inamistoso” y una injerencia en los asuntos internos peruanos, situación que Lima calificó como inesperada y lamentable.
Durante la conferencia de prensa en Torre Tagle, el canciller Hugo De Zela señaló que México mantiene una versión tendenciosa sobre la crisis política y ha mostrado a los procesados como víctimas, tanto en el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador como con la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Esta situación, según el canciller, llevó a un deterioro irreversible del vínculo bilateral, que hasta entonces era considerado fraterno.
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A pesar de esta medida, el gobierno aclaró que los lazos consulares permanecen vigentes. De Zela aseguró que los ciudadanos peruanos que residen en México seguirán recibiendo protección consular, al igual que los mexicanos en Perú. El canciller precisó que solo una decisión unilateral de México podría alterar esta protección, escenario que el Ejecutivo espera evitar en beneficio de ambos grupos de connacionales.
La crisis no es reciente, ya que las relaciones a nivel de embajadores se encontraban suspendidas desde 2022, cuando López Obrador se expresó abiertamente contra la presidenta Dina Boluarte. Ese desencuentro había tenido consecuencias prácticas, como el retraso en la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú y el restablecimiento del requerimiento de visa para ciudadanos peruanos y mexicanos en viajes de turismo.
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Por otro lado, el Poder Ejecutivo dio un plazo perentorio a la encargada de la Embajada de México en Lima, Karla Ornelas, para abandonar el país. La medida afecta las relaciones políticas, comerciales y turísticas, pero preserva los servicios consulares esenciales.
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