En Perú, los ataques contra periodistas y las presiones judiciales a medios de comunicación no cesan. Durante octubre de 2025, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) registró un preocupante incremento de agresiones contra periodistas en distintas regiones del país.
El informe mensual de la institución revela que los ataques por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante protestas continúan, mientras que medios como La Prensa Regional de Moquegua enfrentan hostigamiento judicial. A ello se suman las amenazas contra periodistas como Marycielo del Castillo, de Willax, y Analí Andrade, de Radio Titanka, en Andahuaylas.
Los casos, documentados por el CPP y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), ponen de relieve una preocupante normalización de la violencia y la intimidación hacia la prensa. Solo en octubre, al menos 25 comunicadores fueron agredidos por agentes policiales mientras cubrían movilizaciones de la denominada Generación Z. El informe también denuncia la reapertura de procesos judiciales contra periodistas regionales y amenazas de muerte vinculadas a autoridades locales.
Ataques policiales durante protestas y casos de amenazas a reporteros
Durante las protestas registradas en octubre, 25 periodistas resultaron agredidos por agentes de la Policía Nacional, según cifras de la ANP. De ellos, 14 fueron impactados por perdigones de goma, mientras que 11 sufrieron agresiones físicas directas. Entre los afectados figuran Antonio Melgarejo, de El Comercio; Juan Mandamiento, fotógrafo independiente; Gabriel García, de Ojo Público; y Valia Aguirre, de Wayka.
El informe señala que, además de las heridas, muchos comunicadores fueron obstaculizados por la Policía en el ejercicio de su labor informativa, incluyendo reporteros de Canal N, Latina y ContraNoticia, entre otros medios. Esta situación repite un patrón ya registrado en las protestas de 2022, 2023 y septiembre pasado, donde los agentes recurrieron al uso excesivo de la fuerza y al bloqueo del trabajo periodístico.
Otro caso alarmante es el de Marycielo del Castillo, periodista de Willax, quien fue amenazada por la congresista Kira Alcarraz, de la bancada Podemos Perú, mientras intentaba obtener declaraciones suyas. “Si estuviera alterada, tenlo por seguro, te estamparía contra la pared. Pero como no estoy alterada, por eso sigues viva, mi amor”, fue la frase dirigida por la legisladora, según consta en la denuncia pública.
Asimismo, la periodista Analí Andrade, de Radio Titanka, denunció haber recibido un video con armas de fuego y un mensaje intimidante que decía: “Este primer video va a ser un aviso. Te tenemos ubicada”. Andrade ha venido publicando reportajes sobre presuntos actos irregulares del alcalde de Andahuaylas, Abel Manuel Serna Herrera, cuyo entorno la habría agredido meses atrás. El burgomaestre, sin embargo, ha negado cualquier vínculo con las amenazas.
Hostigamiento judicial contra La Prensa Regional de Moquegua
Otro de los casos incluidos en el informe del CPP corresponde al periódico La Prensa Regional de Moquegua, cuyos periodistas Julio César Farfán Valverde y Erick Rogger Baylón Baylón enfrentan la reapertura de una investigación fiscal por presunta falsedad genérica y denuncia calumniosa. La medida fue adoptada por el fiscal Richard Mendoza Ayma, adscrito a la Primera Fiscalía Superior Penal de Moquegua, tras un recurso del procurador público del Gobierno Regional de Moquegua, Juani Howard Zegarra Coaila.
El caso había sido archivado en junio de 2024, pero fue reabierto después de que el medio publicara una nota periodística sobre presuntos actos de corrupción en la gestión regional. Para el Consejo de la Prensa Peruana, esta acción constituye un acto de hostigamiento judicial que busca intimidar a la prensa regional y limitar su labor fiscalizadora.
En su comunicado, el CPP advierte que “el uso del aparato fiscal como mecanismo de presión o censura indirecta” se ha vuelto frecuente en las regiones, donde los periodistas locales son los más expuestos a represalias de funcionarios públicos. La organización instó al Ministerio Público a garantizar la independencia de sus investigaciones y evitar el uso político de los procesos penales.
Finalmente, el Consejo reiteró su llamado a eliminar la violencia policial contra la prensa, capacitar adecuadamente a los agentes del orden sobre la relación con los medios de comunicación y garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo libre e independiente.
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