En Perú, la crisis en la infraestructura de cientos de comisarías ha instalado una preocupación urgente en la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Contraloría General de la República. Al menos diez sedes policiales se encuentran catalogadas como de emergencia y bajo riesgo de colapso, según recientes evaluaciones internas, una situación que afecta de forma directa la operatividad y la atención ciudadana.
Lima concentra varios de los casos más graves. En la comisaría de Surquillo, una parte del techo cedió abruptamente y causó lesiones en tres personas. Mientras tanto, la sede de Piedra Liza, ubicada en el distrito del Rímac, evidencia fracturas en columnas, grietas transversales en los muros y techos agrietados con riesgo de desplome. El espacio resulta tan insuficiente que los policías reciben denuncias en plena vía pública, arriesgando no solo su seguridad sino la privacidad de las víctimas. En ese local, tampoco existe un sistema regular de agua potable; el líquido debe ser acarreado en balde desde fuentes externas, y los dormitorios improvisados almacenan artículos de uso policial y personal.
La lista de comisarías en riesgo incluye, además de Surquillo y Piedra Liza, a Pamplona 1, Villa Chorrillos, Lurín, y la sede de Petit Thouars. Otras instalaciones en San Pedro, San Lorenzo de Quinti (Huarochirí), San Vicente de Cañete y la DEPINCRI del Cercado de Lima presentan afecciones estructurales similares. Esta situación no solo pone en entredicho la seguridad física del personal, sino que limita la capacidad de respuesta ante emergencias.
El panorama en otras jurisdicciones tampoco resulta alentador. La comisaría de Independencia presenta puertas deterioradas que no cumplen función de seguridad, carece de suministro eléctrico estable y exhibe vehículos abandonados e inoperativos. El déficit de equipamiento tecnológico también reduce el margen de acción: en varias unidades policiales, los agentes carecen de computadoras, baterías para radios y materiales mínimos para escribir o archivar denuncias.
Conclusiones de la Contraloría
La Contraloría General de la República comunicó que entre el 30 % y el 40 % de las comisarías revisadas figuran como inhabitables según los propios reportes de las municipalidades locales. Se trata, principalmente, de instalaciones con décadas de antigüedad cuyo desgaste ha superado cualquier límite de seguridad. Los daños abarcan desde grietas profundas hasta servicios sanitarios colapsados. En algunas de ellas, los baños se encuentran clausurados por deficiencias imposibles de reparar con el actual presupuesto.
Un componente relevante de la problemática se asienta en el manejo de los recursos. De los casi 960 millones de soles (aproximadamente 251 millones de dólares) asignados a la PNP para inversiones en infraestructura, solo se ha ejecutado el 20 % del total. Esta baja ejecución presupuestal frenó proyectos de rehabilitación y construcción de nuevas sedes, situación que persiste pese a las reiteradas recomendaciones de los órganos de control estatal. Las autoridades han hecho un llamado a acelerar la utilización de estos fondos para garantizar condiciones mínimas de operatividad y de atención a la ciudadanía.
Frente a este escenario, tanto la Policía Nacional del Perú (PNP) como la Contraloría General de la República exhortan a reorientar la gestión presupuestal y priorizar inversiones que respondan al deterioro crítico de la infraestructura policial. La persistencia de estas deficiencias impacta no solo la moral y la seguridad de los agentes, sino también la capacidad de proteger a la población en situaciones de emergencia y en la vida cotidiana.
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