La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) acusó a la concesionaria Rutas de Lima (RDL) de intentar desconocer la sentencia judicial que ordenó la suspensión del cobro de peajes en las estaciones de Villa y Punta Negra, ubicadas en la Panamericana Sur. A través de un comunicado difundido este viernes, la comuna capitalina denunció que la empresa planea reanudar el cobro desde la medianoche del domingo 2 de noviembre, pese a que el fallo judicial continúa vigente.
Según la MML, Rutas de Lima “pretende retomar el cobro del peaje valiéndose de un escrito presentado pero no admitido”, lo que —asegura— constituye un intento de vulnerar la decisión del Poder Judicial que garantiza el libre tránsito de los ciudadanos. La comuna calificó la medida como “inaceptable” y responsabilizó a la concesionaria por cualquier altercado o situación de violencia que pudiera registrarse a raíz de esta decisión.
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“El alcalde de Lima ya coordinó con la Presidencia de la República a fin de contar con el apoyo de la fuerza pública para mantener el orden ante la irresponsable actuación de Rutas de Lima”, señaló el municipio, en alusión al estado de emergencia vigente en la capital.
Rutas de Lima sostiene que apeló sentencia
Por su parte, Rutas de Lima informó que su decisión de reanudar el cobro se sustenta en la apelación presentada contra la sentencia que dispuso la suspensión de los peajes. De acuerdo con la empresa, mientras el recurso esté en trámite, la resolución judicial no puede aplicarse, pues sus efectos quedan suspendidos hasta que el fallo sea definitivo.
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“Al haber RDL apelado la referida sentencia, los efectos de dicha sentencia quedan suspendidos hasta que el recurso sea resuelto”, explicó la concesionaria en un comunicado. La compañía también aclaró que esta interpretación jurídica —según afirma— fue reconocida por la propia Municipalidad de Lima durante las notificaciones judiciales previas.
Rutas de Lima agregó que, tras recibir la resolución judicial, decidió detener temporalmente el cobro de peaje en el tramo sur por razones de seguridad para sus trabajadores y los usuarios, mientras analizaba las acciones legales a seguir. No obstante, precisó que el reinicio del cobro se realizará conforme al marco legal, sin que ello implique desacato a la autoridad judicial.
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Acusaciones cruzadas
El comunicado municipal sostiene que la empresa “persiste en acciones que afectan derechos fundamentales”, y anunció que interpondrá nuevas acciones legales frente a lo que considera “un atropello”. Además, la MML reiteró su respeto por la inversión privada “justa y honesta”, pero advirtió que no tolerará decisiones que vayan en contra de los interés ciudadanos.
Rutas de Lima, en respuesta, acusó a la Municipalidad de promover “actos de hostigamiento” y generar un clima de agitación en torno al tema de los peajes. En su pronunciamiento, la concesionaria expresó su preocupación por la presencia de algunos representantes políticos en las zonas de cobro del tramo sur, lo que —según indicó— podría poner en riesgo la seguridad pública.
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El anuncio de Rutas de Lima ocurre en el marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno en Lima y Callao, medida que faculta a las fuerzas del orden a reforzar la seguridad y el control del tránsito en distintas zonas de la capital. La Municipalidad de Lima ha señalado que cualquier intento de retomar el cobro sin la autorización correspondiente será considerado un acto de desacato judicial.
¿Por qué el Poder Judicial suspendió cobro en peajes?
El 29 de octubre, el Poder Judicial ordenó a la empresa Rutas de Lima S.A.C. suspender de manera inmediata el cobro de peajes en las estaciones de Villa y Punta Negra, ubicadas en la Panamericana Sur. La medida responde a un habeas corpus presentado por la Municipalidad de Santa María del Mar, que denunció la vulneración del derecho constitucional al libre tránsito de los ciudadanos que circulan por esa vía.
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El juzgado dispuso que la suspensión sea ejecutada bajo apercibimiento de multas sucesivas en caso de incumplimiento por parte de la concesionaria. El fallo se sustenta en un precedente del Tribunal Constitucional (TC), emitido en marzo de 2024 dentro del expediente N.° 01072-2023-PHC/TC, que ordenó detener el cobro de peajes en Puente Piedra por motivos similares. En esa ocasión, el TC concluyó que Rutas de Lima había restringido el libre tránsito al no garantizar rutas alternas adecuadas para los usuarios.
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